Samuel García - El Sol de México
La caída en el envío de remesas a México ha encendido alarmas. En julio, Banxico reportó 5,330 millones de dólares, una contracción anual de –4.7%, y en el acumulado enero-julio, los ingresos sumaron 34,889 millones de dólares, una caída de –5.5% frente a 2024.
Se trata de la primera caída consecutiva durante 4 meses en los últimos 12 años, desde junio de 2013. Pero el fenómeno va más allá de la estadística: hay un vacío regulatorio que está distorsionando el registro y, peor aún, abriendo un boquete para el lavado de dinero.
Durante años, el flujo de remesas siguió una ruta clara: un trabajador migrante en Estados Unidos enviaba dólares a México a través de un banco o remesadora, se convertían en pesos y se registraban como “remesas internacionales” en las cuentas oficiales. Eso garantizaba trazabilidad, transparencia y un resguardo mínimo frente al riesgo de operaciones ilícitas.
Recientemente esa cadena se rompió. Varias fintechs y bancos han optado por un atajo: dispersar los envíos directamente a través del SPEI, el sistema de transferencias interbancarias que administra el Banco de México. En la práctica, la operación se registra como “transferencia local”, sin código de remesa internacional. ¿La consecuencia? El dinero entra al país, pero se vuelve invisible para las estadísticas de remesas y para los controles antilavado.
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