Mario Maldonado - Sonora Prresente
El huachicol no se acabó con los decretos presidenciales de Andrés Manuel López Obrador. El robo de combustibles, en sus distintas modalidades, siguió siendo uno de los mayores boquetes fiscales y de seguridad para el Estado mexicano. Cifras internas de Pemex confirman que solo en crudo se roban alrededor de 16 mil barriles diarios, equivalentes a más de 45 mil millones de pesos anuales si se suman gasolinas, diésel y gas LP. El llamado “huachicol fiscal”, consistente en introducir combustibles por aduanas con pedimentos falsos o declarando productos como aditivos para evadir IEPS e IVA, genera pérdidas aún mayores. La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) estima un impacto de más de 177 mil millones de pesos al año. En conjunto, ambos equivalen al 90% del presupuesto de la Secretaría de Salud o a un tercio del apoyo financiero federal a Pemex.
La dimensión del problema quedó evidenciada con el caso de Altamira-Tampico, donde se descubrió una red encabezada por marinos y funcionarios aduaneros que facilitaban la entrada de combustible ilegal. El operativo permitió asegurar buques como el Challenge Procyon y más de 10 millones de litros de diésel robado, y derivó en órdenes de aprehensión contra mandos navales, agentes aduanales y exadministradores de la ASIPONA.
Lo más escandaloso es que entre los detenidos están el vicealmirante Manuel Roberto Farías, sobrino del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, y Francisco Javier Antonio Martínez, exgerente de Administración y Finanzas de la ASIPONA en Tampico. La Fiscalía General de la República giró 13 órdenes de captura y aprehendió a más de 10 implicados. El caso está marcado por el asesinato del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Laguna, quien denunció la red y fue ejecutado en noviembre de 2024 junto a una agente ministerial en Colima.
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