Aunque será muy complicado y difícil el fincamiento de responsabilidades directas al presidente Andrés Manuel López Obrador por acciones de su gobierno como responsable de la consolidación y expansión de los cárteles mexicanos del crimen organizado –no solo de la droga–, la viabilidad de corto plazo del régimen de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dependerá del replanteamiento general de la estrategia de su antecesor y al menos como imagen pública de deslindamiento inevitable.
En el fondo, la continuidad transexenal tiene menos que ver con los resortes conocidos del eliascallismo durante apenas siete años que con una estrategia de seguridad basada más en la cogobernanza que en la lucha para la destrucción de los grupos delictivos. El modelo lopezobradorista de “abrazos, no balazos” consolidó al crimen organizado como un factor de poder real y le quitó espacios de soberanía del Estado en territorio, instituciones y funcionarios.
De eso habría confesado Ovidio Guzmán López y muchos de los datos en el ambiente de seguridad y de gobierno en efecto involucran la responsabilidad presidencial. El crimen organizado es hoy más fuerte que en 2018 y hoy el Estado requiere de mayores recursos, decisiones operativas y fuerzas de represión delictiva que antes.
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