Azucena Urezti - El Siglo de Durango
En México, la idea de elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue, en su momento, muy seductora al oído. En el imaginario colectivo representaba empoderar al pueblo, democratizar la justicia y acabar con las élites jurídicas, pero en la práctica, el ejercicio fue totalmente desdeñado por los ciudadanos. En realidad, quienes acudieron a las urnas fueron los integrantes de la estructura del partido en el poder: sus ocho millones de militantes, sumados a algunos ciudadanos que participaron por curiosidad -miles de ellos orientados por "acordeones" prohibidos- o con la convicción de que esto en verdad podría mejorar la impartición de justicia en nuestro país.
De casi 100 millones de posibles votantes -tomando en cuenta que no pudieron participar los mexicanos en el extranjero-, apenas asistieron a las casillas 13 millones, de los cuales al menos tres millones anularon su voto, es decir el voto efectivo llegó apenas al 10% de los votantes posibles. Este escenario queda muy lejos de los 36 millones de votos que obtuvo Claudia Sheinbaum en 2024, y de ninguna manera reflejó la supuesta "demanda del pueblo" por elegir a jueces, ministros y magistrados por voto popular, como tanto repitió López Obrador para justificar lo que muchos consideran su venganza política. Hoy, lo que está latente es el enorme riesgo de convertir al Poder Judicial en un apéndice más del poder.
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