- En medio de las denuncias de Nicolás Petro sobre que dinero ilegal habría entrado a la campaña de su padre, el presidente colombiano, y a falta de pruebas, se requiere calma y sobre todo que impere el Estado de derecho
Nicolás Petro, en una caravana luego del triunfo electoral de su padre, en junio de 2022. CORTESÍA
Diana Calderón - El País
Colombia atraviesa un momento de gran fragilidad para la legitimidad presidencial. No porque los anteriores presidentes no hayan sido investigados por el irregular financiamiento de sus campañas presidenciales, muchas probadas y otras impunes. Los dineros del narcotráfico y más recientemente de la multinacional Odebrecht han estado presentes en por lo menos las últimas tres décadas de procesos electorales en el país. La mayoría de las campañas investigadas fueron favorecidas por la preclusión o la absolución. El caso más sonado fue el del expresidente Ernesto Samper (1994-1998) con el proceso 8.000 por el ingreso de dineros de los narcotraficantes del Cartel de Cali a su campaña. La comisión de acusaciones del Congreso, encargada del juzgamiento de los mandatarios, siempre les ha garantizado la absolución.
Como ha explicado el analista Héctor Riveros, la importancia del papel de las mayorías parlamentarias hoy está a la orden del día como garante de la gobernabilidad, y digo yo de la impunidad también. Por eso, que el presidente Gustavo Petro no las tenga, lo coloca como a ninguno de sus antecesores en una casi condena anticipada. A menos de que los tres investigadores que atienden sus procesos se encarguen de dilatar o establecer que no hay méritos para avanzar. Son ellos Olga Lucía Velásquez, de la Alianza Verde; Wilmer Carrillo, del Partido de la U; y Alirio Uribe, del Pacto Histórico. Con el Gobierno o en la independencia, los tres son aliados de la causa petrista.
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