Periódico La Jornada
La detención y el inmediato traslado al penal de máxima seguridad del Altiplano de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, cierra definitivamente el paso a las versiones mendaces sobre un presunto entendimiento entre el gobierno federal y la organización delictiva de la que han sido cabecillas dichos personajes, el cártel de Sinaloa o del Pacífico.
Ahora desacreditado por la vía de los hechos, ese bulo ha sido uno de los caballos de batalla de la derecha política y mediática desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio la orden de liberar a Ovidio el 18 de octubre de 2019, cuando las células criminales al servicio del apodado Ratón reaccionaron a su captura desatando el caos en la capital sinaloense y poniendo bajo amenaza directa las vidas de los elementos que lo custodiaban, de las fuerzas de seguridad de la entidad y de una cifra imposible de determinar de ciudadanos sin relación alguna con la delincuencia. Como ha reiterado el mandatario, esa difícil decisión fue producto de su convencimiento en que las vidas de las personas se encuentran por encima de cualquier propósito, pero ni esa incontestable postura ni el análisis objetivo de las condiciones imperantes en ese momento han disuadido a un sector de la oposición de propagar la falacia como si se tratase de un hecho probado.
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