Orlando Delgado Selley - Periódico La Jornada
Conforme se acerca el momento en el que la Cámara de Diputados resuelva sobre la iniciativa de reforma constitucional de los artículos 25, 27 y 28, que recupera la rectoría estatal en la cadena eléctrica, se repiten opiniones que señalan que de aprobarse habrá graves impactos en el crecimiento económico no sólo inmediato, sino que se alargarán a mediano y largo plazos. Este tipo de posicionamientos aparece, por ejemplo, en las previsiones sobre el desempeño de nuestra economía en el primer semestre de 2022 expresadas en una reunión de análisis prospectivo que convoca semestralmente la afore Profuturo, en la que participan economistas en jefe de seis intermediarios financieros internacionales (JP Morgan, Bank of America, Barclays, Oxford Economics, BBVA y Santander).
Interesa esta opinión porque se inserta en la campaña que existe para tratar de que los diputados y senadores de oposición mantengan una posición contraria a la reforma eléctrica. Si esto ocurriera, Morena y sus aliados no lograrían reunir la mayoría calificada de votos que requieren para aprobar cambios constitucionales. No es extraño que analistas de las intermediarias financieras se reúnan para comparar sus predicciones sobre el comportamiento futuro de nuestra economía. Ni tampoco es raro que se promedien estas estimaciones. De hecho, el Banco de México publica mensualmente los resultados de una encuesta sobre las expectativas de los expertos en economía del sector privado.
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