Semanario
Conocer los puntos ciegos del sistema fue el ‘arma secreta’ de los corruptos mexicanos para blanquear sus ingresos ilegales en USA. ARTE: EDGARDO BARRERAPOR JASON BUCH / TEXAS OBSERVER
En julio de 2016, cuando un grupo de trabajo de autoridades federales de los Estados Unidos de Norteamérica, con sede en el Estado de Texas, confiscó millones de dólares en propiedades que los investigadores creían eran propiedad de cleptócratas mexicanos, la “Red de Control de Delitos Financieros” (FinCEN, por sus siglas en inglés), una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos responsable de combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros, decidió tomar medidas.
Según los fiscales, los funcionarios corruptos y los contratistas del gobierno utilizaron a empresarios de Texas para establecer sociedades de responsabilidad limitada, a través de las cuales canalizaron los fondos robados a los contribuyentes mexicanos para comprar docenas de lotes baldíos, casas y edificios comerciales. La FinCEN, con sede en Washington, DC, respondió a los hechos con una expansión de sus regulaciones inmobiliarias destinadas a detectar y disuadir el lavado de dinero en ciudades seleccionadas de Estados Unidos.
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