Orlando Delgado Selley - Periódico La Jornada
En el centro del acuerdo logrado por la OCDE, que signaron 130 gobiernos para conformar una nueva fiscalidad global que grave a empresas multinacionales y plataformas digitales, está la urgencia de recursos por parte de los estados nacionales. Diversos organismos no gubernamentales, importantes grupos de economistas, organismos financieros internacionales, el gobierno estadunidense, a los que se sumó el G-7, han advertido que es indispensable recaudar recursos adicionales para financiar haciendas públicas extraordinariamente exigidas por la pandemia. Los temas que han centrado este consenso global son: imponer una tasa mínima tributaria a las grandes corporaciones, de por lo menos 15 por ciento y aprobar impuestos especiales al uno por ciento más rico en cada país.
En cuanto al primer asunto, de acuerdo con la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (Icrict), la propuesta del G-7 que ahora han acordado estos 130 países al estar amoldada a los intereses de las potencias económicas, pudiera provocar que los países en desarrollo obtuvieran ingresos adicionales muy limitados. Con esa tasa mínima que el gobierno mexicano ha aprobado, la hacienda pública de nuestro país, de acuerdo con lo declarado por G. Yorio, recaudaría 30 mil millones pesos adicionales. Esta cantidad resulta muy limitada ya que representa apenas medio punto porcentual adicional respecto a los ingresos tributarios estimados para 2021. Pero si la tasa se incrementará a 21 por ciento, el ingreso adicional llegaría casi se duplicaría. Si ese mínimo se llevara a 25 por ciento, entonces el ingreso tributario adicional se triplicaría.
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