Serpientes y Escaleras
Salvador García Soto - Expreso
El inicio de un juicio de procedencia en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusado por la Fiscalía General de la República de tres delitos federales graves (delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada) ha confrontado las opiniones de juristas, académicos del derecho y expertos constitucionalistas sobre el alcance que tendrá el fallo de la Cámara de Diputados que definirá por mayoría si procede o no el desafuero del mandatario estatal.
El debate se centra en la interpretación del Artículo 111 Constitucional que establece la facultad de los diputados del Congreso de la Unión para decidir si el titular de un Ejecutivo Estatal, acusado de delitos federales, puede ser enjuiciado, previa eliminación de su fuero constitucional por el voto mayoritario de los diputados federales. Hay una corriente que dice que, con independencia de lo que decida la Cámara de Diputados, el dictamen de procedencia tiene que enviarse al Congreso local, en este caso de Tamaulipas, para que sean los diputados locales los que tengan la decisión final de si la FGR puede o no proceder en contra del gobernador acusado.
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