Periódico La Jornada
El presidente Andrés Manuel López Obrador aportó ayer nuevos datos acerca del desaseo en el esquema de privatización de reclusorios urdido por el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y puesto en marcha por su entonces jefe, Felipe Calderón Hinojosa. De acuerdo con el informe presentado por el mandatario, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Rosa Icela Rodríguez, y el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, el desfalco al erario perpetrado por el superpolicía del calderonato supone que el Estado paga por la construcción y operación de los penales, pero los privados conservan la propiedad de todas las instalaciones.
Aunque en el discurso del último gobierno panista cada centro supondría un desembolso de 4 mil millones de pesos, en la actualidad el impacto financiero individual de los ocho penales construidos bajo el modelo de asociación público-privada asciende a 32 mil millones de pesos, y su costo apenas terminaría de cubrirse en 2037, un cuarto de siglo después de concluido el sexenio de Calderón. Este sobrecosto de 800 por ciento no puede explicarse sino por la opacidad y la discrecionalidad, pues cada uno de los contratos firmados por el gobierno federal con Homex, Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Promotora y Desarrolladora Mexicana (Prodemex), ARB Arendal, GIA y Tradeco, fue otorgado por adjudicación directa.
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