Los críticos de la ley de seguridad interior han equivocado sus objetivos: el problema no radica en que el Estado mexicano asuma la realidad de la delincuencia organizada transnacional, sino que se localiza en el hecho de que la seguridad interior tiene que ver con la promoción del desarrollo. Y la política económica aprobada por legisladores limita el PIB a 2% promedio anual porque la prioridad no es el desarrollo sino la estabilidad macroeconómica.
En este sentido, la crisis de seguridad nacional no está en el ejercicio de las facultades legales de las fuerzas armadas para combatir a la delincuencia, sino en el modelo económico neoliberal instaurado por Carlos Salinas de Gortari en 1980 y extendido en el tiempo y en el espacio por el tratado de comercio libre. Así, la violencia criminal es consecuencia de las doctrinas estabilizadoras salinistas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Consenso de Washington, del TCL y --¡sorpresa!-- del Banco de México.
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