Si alguna prueba necesitaban los legisladores para entender la urgencia de una ley de seguridad interior, los conflictos violentos provocados por huachicoleros en la autopista México-Puebla, la guerra al seno del cártel de El Chapo y la violencia criminal de resistencia en Reynosa probaron que el crimen organizado no es delincuencia común sino acciones delictivas que desafían no a la policía sino a la soberanía del Estado.
El apoyo de la población civil a los huachicoleros de Puebla enfrentándose contra las fuerzas federales de seguridad habla, en el perfil social, de la captura del Estado por grupos del crimen organizado. Grupos sociales exigieron la salida de fuerzas federales de la zona de robo de ductos de Pemex para permitir que los ladrones de ductos de Pemex puedan trabajar sin interferencias. Es decir, que el Estado ceda partes sustanciales de su soberanía a los delincuentes.
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