Ivette Lira - Sin Embargo
Al cumplirse tres meses de que activistas contra la salud fueron espiados y sus teléfonos intervenidos para robar información, las autoridades de justicia del Gobierno federal guardan silencio y no ha movido un dedo contra los atacantes, denunciaron los propios integrantes de organizaciones civiles y el Diputado Rafael Hernández Soriano, integrante del Partido de la Revolución Democrática, quien exhortó al Presidente Enrique Peña Nieto a reconocer, defender y garantizar los derechos de estos defensores.
“Si no hay un pronunciamiento, es que posiblemente es algo que tiene implicaciones sobre altas autoridades de seguridad nacional de México […] Esto [el malware] tuvo un costo altísimo, de varios miles de dólares pagados con recursos públicos. La Procuraduría General de la República tendría que hacer la investigación de oficio, nosotros hicimos denuncias públicas, se hicieron peticiones a través del Poder Legislativo y hemos estado esperando a que haya una reacción”, dijo por su parte Alejandro Calvillo Unna, director de la organización El Poderl del Consumidor.
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