Patricia Dávila / El Diario de Coahuila
Desde el propio organismo gubernamental encargado de atender a las
víctimas de la delincuencia se denuncian los inmensos problemas que
existen para investigar y acabar con las desapariciones forzadas: no hay
leyes uniformes, las policías municipales simplemente no funcionan, no
hay bancos de datos, el sistema permite que todas las autoridades eludan
la responsabilidad, los jueces no hacen su trabajo… Ante esto, desde la
esfera de actuación del citado organismo se busca impulsar una ley que
por primera vez ponga orden en la búsqueda de 22 mil mexicanos.
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