El Gobierno se dispone a aplicar durante el próximo año la
reforma de las pensiones. Asumiendo esencialmente las líneas del estudio que
encargó a un grupo de expertos, dos elementos parecen suavizar los efectos más
adversos de aquella propuesta. Aunque se elimina la garantía de recuperación
del poder adquisitivo de las pensiones (su automática actualización en función
del IPC), se establece un suelo, de tal forma que en el peor de los casos esa
revisión será del 0,25%. También se fija un techo máximo de revisión al alza,
equivalente al IPC más el 0,25%. El segundo elemento es la actitud negociadora
del Gobierno antes de enviar a las Cortes ese proyecto. Ambas iniciativas son
bienvenidas, aunque ese mínimo garantizado de indexación es poco menos que
testimonial, y expresa sobre todo la voluntad de no convertir esta iniciativa
de reforma en uno de los centros conflictivos del nuevo curso.
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Liga de Economistas en el Estado de Veracruz
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