Ángel Ubide / El País
Cuando en 2008 nos
dimos cuenta de que la crisis que se estaba generando en el mundo desarrollado
podía ser de dimensiones históricas, el debate rápidamente se enfocó en la
capacidad de los mercados emergentes de gestionar la crisis y contribuir a
evitar una recesión de gran magnitud. El término que se utilizó entonces era el
desacoplamiento, la capacidad o no de las economías emergentes de desligarse de
los problemas del G-7. Uno de los argumentos a favor del desacoplamiento era
que los países emergentes llegaban a la crisis con unas economías muy saneadas,
tras los ajustes puestos en práctica durante la primera década del siglo XXI.
Con niveles de deuda pública y déficits bajos, inflación baja y controlada,
situación exterior saneada, tipos de cambio flexibles y un fuerte colchón de
reservas de divisas, los mercados emergentes pudieron adoptar políticas
económicas anticíclicas que les permitieron compensar la fuerte desaceleración
del G-7. La credibilidad de las instituciones, sobre todo el éxito general de
la política monetaria en la estabilización de la inflación, permitió a los
países emergentes acometer bajadas de tipos de interés y expansiones fiscales
—lo contrario de lo que se vieron obligados a hacer durante la crisis de
finales de los años noventa, cuando las subidas de tipos necesarias para
defender los tipos de cambio fijos asfixiaron el crecimiento.
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