Eric Nepomuceno / La Jornada
Hace unos días, la
presidenta Dilma Rousseff ordenó liberar de forma inmediata poco menos
de mil millones de dólares para atender las enmiendas parlamentarias al
presupuesto anual. Anunció, además, que en septiembre serán liberados
otros dos mil millones de dólares. Esa montaña de dinero será empleada
por los señores legisladores para atender intereses parroquiales de sus
feudos electorales. En Brasil el presupuesto nacional, una vez aprobado
por el Congreso, autoriza al Poder Ejecutivo a gastar, es decir, señala
de cuánto puede disponer el gobierno a lo largo del año, promoviendo
cortes o ajustes. Impone un tope, y nada más. No obliga al gobierno a
cumplir lo que ha sido propuesto por él y aprobado por los
parlamentarios. Es parte del juego. De la misma forma, es parte del
ritual que en el Congreso la propuesta original sufra un sinfín de
enmiendas. Ya la liberación de recursos para atender la demanda de
diputados y senadores depende del Ejecutivo, en un ciclo vicioso de
presiones y contrapresiones.
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