La Ley
General de Seguridad establece que a partir de enero de 2013 el servidor
público que registre a un policía que no haya pasado las pruebas de control de
confianza será sancionado con una pena de dos a ocho años de prisión. Los
alcaldes tienen dos meses para lograrlo.
Liga de Economistas en el Estado de Veracruz
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