ALFONSO ZÁRATE / EL UNIVERSAL
El recuento que hizo el Presidente de la República este lunes en Palacio Nacional muestra los riesgos que entraña, en la evaluación de las políticas públicas, el manejo a conveniencia de cifras y datos, el uso de ciertos parámetros y el ninguneo de otros.
Hace muchos años –eran los días de López Portillo y su
promesa de distribuir la abundancia– escribí un ensayo que titulé "Hacia
una evaluación democrática". El núcleo de mi argumentación tenía dos
ingredientes: por una parte, censuraba el manejo tramposo que se hacía
desde los gobiernos federal y estatales de la responsabilidad de rendir
cuentas (informaban lo que les convenía y omitían lo esencial) y, por la
otra, proponía privilegiar otros parámetros.
Argumentaba entonces, y lo sigo creyendo hoy, que en
rubros centrales la evaluación gubernamental no mide lo que debe medir:
el impacto de la gestión pública en el bienestar de la población. Por
ejemplo, en el sector salud suele festinarse el número de clínicas y
hospitales construidos; en educación: la cobertura en enseñanza básica;
en economía: el desempeño de los grandes agregados macroeconómicos…
La evaluación gubernamental muestra cosas importantes,
pero omite lo esencial. Lo que verdaderamente importa no es si se han
construido muchas clínicas y hospitales que, por cierto, en ocasiones
carecen de equipamiento y están mal localizadas, sino si las políticas
públicas en materia de salud están atendiendo eficazmente los problemas
mayúsculos de la sociedad mexicana.
¿Hemos reducido drásticamente la tasa de mortalidad
infantil que sigue siendo muy elevada: 14.1 fallecimientos por cada mil
nacidos vivos, tres veces mayor que el promedio de los países de la
OCDE, según datos de Funsalud? ¿Estamos atendiendo con eficacia
problemas tan serios como el de la obesidad o la diabetes mellitus,
primera causa de muerte en nuestro país?
Pero en lugar de responder a preguntas como éstas, nos
ofrecen datos impactantes sobre el Seguro Popular que otorga derechos
que no se concretan porque ni siquiera las instituciones mayores –el
IMSS y el ISSSTE– tienen las condiciones para responder con eficacia a
los derechohabientes, mucho menos el resto de las instancias federales y
estatales de seguridad social, y nada se dice sobre lo que realmente
importa: si efectivamente estas instituciones están atendiendo de manera
oportuna y eficaz a los mexicanos, sobre todo a quienes se encuentran
en condición de pobreza y pobreza extrema.
En materia educativa es importante que se haya
alcanzado la cobertura universal en enseñanza básica, pero eso no basta,
es preciso saber si esa educación es de calidad y si los conocimientos
de los alumnos corresponden a las exigencias del país; si se está
atendiendo la brutal inequidad que sufren las comunidades en las zonas
rurales, en donde, cuando hay algunas aulas, carecen de lo
indispensable; si la educación está siendo un factor esencial en el
ascenso social, como lo fue en el pasado.
En materia de seguridad pública --hoy día el tema más
doloroso para la sociedad--, los parámetros que se han fijado para
evaluar el desempeño son engañosos. No creo que los resultados del
combate a la delincuencia deban medirse por el número de capos
detenidos, extraditados o muertos o por las toneladas de droga
decomisadas o destruidas, porque lo que realmente le importa a la
sociedad es recuperar la tranquilidad perdida; en los últimos años, ante
los secuestros, las extorsiones y los homicidios, vivimos con miedo.
No falta a la verdad el presidente Calderón cuando
subraya la solidez de las variables macroeconómicas y el blindaje de
nuestra economía mientras otras, en Europa, se tambalean.
Las reservas internacionales superan los 160 mil
millones de dólares, lo que equivale a dos veces el total de nuestra
deuda externa; la inflación se mantiene bajo control (4.3%). Pero
resulta sorprendente el intento de festinar la creación de empleos
formales a lo largo del sexenio: un millón 859 mil 563, es decir, 309
mil promedio por año, cuando –sin contar el rezago acumulado y los
impactos de la crisis económica 2008-2009– se necesitaría generar
anualmente unos 900 mil.
Lo que tenemos es una rendición de cuentas a modo; en
esto hemos avanzado muy poco desde aquellos días en que escribí "Hacia
una evaluación democrática".
@alfonsozarate
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