Sexto informe de calderón
Arturo Rodríguez García
El presidente fue incapaz de reflexionar o de
hacer autocrítica. Para él, los costos de sus erráticas políticas de
seguridad (en vidas humanas, en recursos, en vulneración de las
instituciones) se achican ante los grandiosos logros. Pero éstos, en su
lógica, se reducen a uno: la decisión misma de combatir de frente al
crimen organizado. Documentos obtenidos por la Ley de Transparencia
confirman que el presidente nunca tuvo un diagnóstico ni contó con una
estrategia para abatir sobre el país a las Fuerzas Armadas
MÉXICO, DF (APRO) .- En el Centro Histórico capitalino, los
contingentes de la Primera Brigada de Policía Militar tomaron sus
puestos desde el domingo 2. Se desalojó al ambulantaje, se puso un cerco
formado con vallas y hombres armados en el Zócalo, se revisaron
exhaustivamente las calles aledañas. Pino Suárez, Moneda, 5 de Mayo y 16
de Septiembre quedaron convertidas en exclusivos estacionamientos donde
sólo se veían agentes de seguridad. Todo, para resguardar el Palacio
Nacional.
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) protestó por la extinción
de su fuente de empleo, Luz y Fuerza del Centro, de manera que el acceso
de funcionarios e invitados sería por Correo Mayor, y hasta magnates
como Emilio Azcárraga Jean llegarían tarde al acto oficial.
Tal despliegue de fuerza tenía como objetivo proteger a los poderosos
personajes que la mañana del lunes 3 acudirían a escuchar el mensaje de
Calderón con motivo del sexto y último informe de gobierno.
Flanqueado por su gabinete, los representantes de los poderes
Legislativo y Judicial, así como por la mayoría de los gobernadores,
inició su discurso minutos después de las 10:00 horas.
"Sin duda han sido seis años llenos de desafíos, de momentos difíciles,
algunos también muy dolorosos para todo el país. pero también han sido
años en los que los mexicanos hemos mostrado temple y voluntad para
salir adelante, en los que ha brillado la solidaridad y la valentía de
nuestro pueblo; seis años de avances, algunos históricos, que son mérito
y orgullo de todos los mexicanos", fue su introducción.
El eje temático central de su administración, Seguridad y Estado de
Derecho, se tradujo en el discurso presidencial a su estrategia de
combate al narcotráfico, que en el amanecer del sexenio llamó "guerra" y
que en su mensaje del adiós describe como "un imperativo legal,
político y moral: un imperativo categórico".
‘LA ESTRATEGIA’
Sin mayor soporte que su palabra, la explicación fue más o menos la
misma que ha dado en los últimos dos años: "la evolución del fenómeno
delictivo y la involución de las instituciones encargadas de combatirlo"
eran las causas del problema; su gobierno, concluiría, ya revirtió esa
tendencia.
En resumen, para Calderón el narcotráfico abrió el mercado del menudeo y
las bandas empezaron a disputarse rutas y ciudades. Estados Unidos
facilitó la compra de armas de asalto; algunas autoridades se
corrompieron; los cárteles incursionaron en otros delitos; hubo
impunidad.
Para enfrentar todo eso, el presidente describió "la estrategia": hacer
frente a los criminales, modernizar y fortalecer las instituciones de
seguridad, y reconstruir "el tejido social".
Explicó: "Pusimos en marcha operativos conjuntos en los estados donde
la violencia criminal era ya intolerable. Hay quien sugiere que lo mejor
hubiera sido no hacer nada y permitir que los delincuentes actuaran a
sus anchas. Esas voces señalan que la violencia es culpa del gobierno
por haber actuado contra los criminales. Nada más alejado de la
realidad. La violencia es causada por las bandas criminales, en su
ambición por controlar rutas y territorios para sus negocios ilícitos,
no por el gobierno.
"Y donde se han realizado operativos federales ha sido en apoyo a las
comunidades y a solicitud de las autoridades locales, que se han visto
rebasadas por la delincuencia. La intervención federal no ha sido parte
del problema, sino parte de la solución", expuso, y arrancó una de las
29 tandas de aplausos.
DIAGNÓSTICO FANTASMA
Desde hace tiempo Calderón ha repetido que hay quienes dicen que lo
mejor era no hacer nada. Sin embargo, nunca ha explicado a quién se
refiere ni cuál es el peso específico de quien piensa así en la toma de
decisiones. La expresión genérica es utilizada para aludir hasta los
movimientos pacifistas y, en general, a toda crítica.
Más allá de eso, la afirmación de que contaba con un diagnóstico al
iniciar su administración es falsa. Tampoco tenía una estrategia desde
2006, cuando anunció las acciones de las fuerzas federales (policía y
Fuerzas Armadas) para combatir al crimen organizado.
El pasado 22 de mayo, el periodista Daniel Lízarrága presentó en el
programa Noticias MVS Primera Emisión, que conduce Carmen Aristegui, la
respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la
Presidencia de la República a dos solicitudes de acceso a la información
sobre el tema.
Lizárraga pedía acceso a copias simples de los documentos y expedientes
utilizados en el diseño de la estrategia para combatir a la
delincuencia organizada, especialmente al narcotráfico, durante el
gobierno de Calderón, es decir, a partir del 1 de diciembre de 2006.
La Sedena respondió que la información no existe y sugirió al
periodista que enviara su solicitud a la Procuraduría General de la
República (PGR).
A su vez, la Presidencia envió un archivo con 17 vínculos a direcciones
de internet en los que se pudieron apreciar conferencias y programas de
gobierno que recopilaban acciones, pero no entregó documentos oficiales
que registraran la estrategia de seguridad.
Inconforme con la respuesta, Lizárraga presentó un recurso de revisión
ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (IFAI). Durante la sustanciación del recurso, la
Presidencia de la República defendió su respuesta original, afirmando
que se trataba versiones finales de la estrategia.
Al aire en MVS, el periodista explicó: "Es decir, que tienen versiones
finales de la estrategia pero la estrategia en sí no la tienen".
Conforme a lo anterior, no existe evidencia documental de que el
gobierno de Felipe Calderón hubiera contado con un diagnóstico ni con
una estrategia de seguridad al iniciar su administración.
LOS OPERATIVOS: APOYO O PRESIÓN
En la misma emisión del programa de Carmen Aristegui, Daniel Lizárraga
entrevistó al ex gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, quien
confirmó que nunca habló con Calderón sobre la intervención militar en
el inicio del operativo en 2006 y que nunca solicitó expresamente la
presencia de soldados en la entidad.
En 2010, el entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés,
describió reuniones del Consejo de Seguridad en las que se impusieron
los criterios de Calderón —incluidos golpes en la mesa— para definir las
políticas de colaboración.
Moreira dijo entonces que no hubo petición de presencia militar en su
entidad y que el mandatario federal no consultó a los gobernadores sobre
la participación de las Fuerzas Armadas ni la forma en que combatiría
el fenómeno delictivo. Luego, cuando la violencia se desbordó, Calderón
dejó solas a las autoridades estatales frente a la delincuencia.
A través de una solicitud de acceso a la información, el pasado 9 de
abril este semanario solicitó a la Presidencia de la República la
información relacionada con las solicitudes de los gobernadores de
Michoacán, Chihuahua y Baja California para aplicar operativos militares
en sus entidades entre el 1 de diciembre de 2006 y el 28 de febrero de
2007, período en que Calderón declaró la "guerra" contra el narco.
HUBO PETICIONES
Además, se pidieron los oficios en los que se solicitara la presencia
del ejército en el resto de las entidades federativas durante la
administración calderonista.
En respuesta, Presidencia entregó una síntesis de monitoreos en medios
de comunicación, en la que algunos actores políticos y sociales se
manifestaban a favor de la intervención del ejército o del gobierno
federal.
Además, se envió copia de un acta del cabildo de Ciudad Juárez,
Chihuahua, correspondiente a 2008 y en la que se autorizaba al alcalde a
ausentarse para participar en una reunión de seguridad. Incluso
facilitó un vínculo electrónico hacia los convenios de colaboración
entre los gobernadores y el gobierno federal en 2008, donde se
establecía la participación de las Fuerzas Armadas… pero ningún oficio
de petición de tropas en las entidades hasta ese año.
Al no satisfacerse el pedimento de información, Proceso interpuso el
recurso de revisión por el que fue abierto el expediente RDA 2022/2012,
que fue resuelto el pasado 1 de agosto, revocando la respuesta original
de la Presidencia e instruyéndola para que realizara una búsqueda
exhaustiva en sus archivos.
Fue hasta el 29 de agosto pasado que la Presidencia entregó 16 oficios
de ocho gobiernos estatales que piden apoyo federal, algunos
expresamente de las Fuerzas Armadas, aunque no todos para operaciones
masivas.
Entre los gobernadores que solicitaron dicha ayuda destaca el de
Morelos, encabezado por el panista Marco Antonio Adame Castillo, pues de
los 13 oficios, cinco son de él y en cuatro pide tropas. La primera
solicitud de Adame está fechada el 10 de abril de 2010 y la última en
marzo pasado.
El día 28 del mismo mes, el gobernador priísta de Durango, Jorge
Herrera Caldera, también pidió mediante oficio el apoyo del Ejército
para reforzar el Operativo Laguna Segura.
Y el priísta Eduardo Bours y el panista Guillermo Padrés tramitaron la
presencia de militares en Sonora, pero con objetivos específicos y no en
forma de operativos masivos: el 3 de junio de 2008 Bours solicitó
colocar un dispositivo militar para vigilar el nuevo aeropuerto de
Puerto Peñasco, en tanto que Padrés pidió el 28 de noviembre de 2011 que
se instalara un puesto de revisión en una carretera de la zona
limítrofe con Sinaloa.
FUERZAS FEDERALES, NO ARMADAS
El 14 de junio de 2010 el gobernador nayarita, Ney González, del PRI,
requirió la presencia de Fuerzas Federales para combatir a la
delincuencia. Pero no se refería a las Fuerzas Armadas, pues hasta
entonces la designación de "Fuerzas Federales" se aplicaba a la Policía
Federal, que contaba con militares comisionados.
El 25 de mayo de 2009 otro priísta, el entonces gobernador de Veracruz,
Fidel Herrera, fue específico en su petición de tropas para combatir a
la delincuencia organizada. Afirma que la solicitó desde el 1 de junio
de 2008, pero dicha comunicación no fue incluida en la respuesta de la
Presidencia a Proceso.
El único de estos oficios que admite el rebase de la autoridad local
fue remitido por el gobernador panista de Aguascalientes, Armando
Reynoso Femat, que clama por la acción del Ejército y las Fuerzas
Federales para enfrentar a la criminalidad.
La petición de apoyo federal más antigua es del entonces gobernador
perredista de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño, pero no fue
para requerir la presencia de soldados, sino ayuda para diseñar una
"estrategia de blindaje" ante la violencia que dominaba las entidades
vecinas.
Los oficios más recientes al respecto provinieron del mandatario potosino, Fernando Toranzo, entre mayo y agosto de 2012.
El presidente Calderón se ha quejado de que los gobernadores le
escamotean apoyo por intereses políticos o por omisión. Sin embargo, en
total fueron cuatro gobernadores del PAN, cinco del PRI y uno del PRD
los que solicitaron la intervención militar.
Ninguno de los oficios fue enviado hasta 2008, cuando las operaciones
de las Fuerzas Armadas ya se habían desplegado por numerosas entidades
del país, entre ellas las más infestadas de violencia: Guerrero,
Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Baja California, Sinaloa y
Durango.
El lunes 3, en su mensaje, Felipe Calderón admitió que el problema más
desafiante ("reto", lo llamó) ha sido el embate de la criminalidad y que
tomará muchos años ver el fruto de sus esfuerzos, sobre los que hay
muchas críticas y habrá más. Lo medular dijo, es que se tomó la decisión
de enfrentar al crimen.
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