EJES RECTORES

FRANCISCO ROJAS / EL UNIVERSAL

Desde el inicio de su campaña, Enrique Peña Nieto delineó los ejes de su programa de gobierno. La transparencia, la rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción y la justicia social serán elementos fundamentales para la construcción de una nación más democrática, equitativa, unificada y sólida.

En materia de transparencia y rendición de cuentas planteó tres propuestas que incidirían en los tres poderes: un nuevo ente autónomo para combatir la corrupción de forma eficaz e independiente, encabezado por ciudadanos; extender la jurisdicción del IFAI y las obligaciones de transparencia a estados y municipios y constituir un organismo ciudadano con independencia que vigile la contratación de publicidad y transparente las relaciones entre el Estado y los medios.

El otro gran eje que le da razón de ser a su programa de gobierno es la justicia social, replanteando la política económica y la lucha contra la pobreza "para que lo que ganes te alcance". En consecuencia, se rediseñarían los programas sociales con el propósito de que estén bien focalizados y mitiguen la pobreza, al tiempo de que alienten las actividades productivas a nivel local para multiplicar los empleos dignos en el sector formal de la economía, aumentar el consumo de la población y fortalecer el mercado interno, lo que reiniciaría el ciclo virtuoso demanda-inversión-empleo, junto con la implementación de otras medidas de política económica.

Estas propuestas implicarían también emprender una reforma educativa que eleve la calidad y aumente la cobertura, sobre todo en el nivel medio superior y superior; y la seguridad social universal como derecho constitucional y poner en marcha programas de vivienda y protección al medio ambiente.

Realizar estas políticas requerirá cuantiosos recursos, por lo cual será necesario impulsar una reforma hacendaria integral con justicia tributaria, que permita también modernizar al sector energético para contar con seguridad energética y abaratar insumos, sin renunciar a la propiedad del petróleo ni a la rectoría del Estado.

Para impulsar la inversión, se autorizarían asociaciones público-privadas en ciertas obras y servicios públicos. La masa de recursos movilizados estimularía la inversión, el empleo y la demanda interna y sería un incentivo adicional para lograr el crecimiento económico ad hoc a la generación de empleos requerida.

Con estas políticas, el gobierno de Enrique Peña responderá a las grandes demandas de la mayoría de la población e impulsará la inversión de las empresas pequeñas y medianas que, apoyadas en un programa eficaz de desarrollo tecnológico, podrán producir muchos de los insumos que actualmente adquiere en el exterior la industria nacional.

Estamos en la puerta de consolidar lo ganado y caminar para que México recobre el lugar que merece en el ámbito mundial. No podemos dejar que, como hace seis años, cunda la incertidumbre ni permitir que se siembre la semilla de la discordia; el futuro presidente ha señalado que la búsqueda de acuerdos será la tónica de su actuación, para que juntos, todos, alcancemos un país libre, sin violencia y sin grilletes que impidan su avance. Los primeros pasos se han dado ya en ese sentido; las alianzas propuestas serán constructivas y de largo plazo.

A las campañas negativas que pretenden dañar a las instituciones, Peña responderá con un gobierno cuya legitimidad se fundará no sólo en los millones de votos obtenidos, sino en la transparencia, rendición de cuentas, lucha anticorrupción y la justicia social.