Recompensas monetarias a quienes presenten información original y de alta calidad, que permita sancionar a empresas o particulares que violen la ley.
Enrique Del Val Blanco / Excélsior
A raíz de la entrada en vigor de la
ley conocida como Dodd-Frank para la Reforma de Wall Street y la
Protección al Consumidor, que modificaba la ley de 1934 referente a la
Bolsa de Valores en los Estados Unidos, en la Comisión de Bolsa y
Valores, conocida en inglés como SEC, se instauró la oficina del
denunciante, en inglés denominada whistleblower.
Dicha comisión está autorizada por el congreso norteamericano, para ofrecer recompensas monetarias a las personas que presenten información original y de alta calidad, que permita aplicar sanciones por más de un millón de dólares a las empresas o los particulares que violen la ley en la materia, y el delatador recibirá entre diez y 30 por ciento del dinero recaudado.
Según la presidenta de la SEC, la señora Schapiro, el programa de denuncias ha sido todo un éxito en el corto tiempo, que lleva implementado, ya que las personas han acudido y enviado información permitiendo a las autoridades el ahorro de tiempo y recursos ya que, en lugar de estar buscando a ciegas entre miles de documentos, pueden concentrarse en los que proporciona el denunciante.
Del informe que han presentado se sabe que reciben, en promedio, ocho denuncias diarias y muchas de ellas, no se especifica cuántas, están en proceso de investigación. El mes pasado se hizo el primer pago a un denunciador que pidió el anonimato, cosa que permite la ley. Éste recibió 50 mil dólares por su información, ya que permitió a la SEC detener un fraude multimillonario. Pero si de las investigaciones resultara un incremento en las sanciones, el acusador también recibiría su parte.
Entre sus preceptos, la ley Dodd-Frank incluye la protección del empleo a los denunciantes y la aplicación de represalias contra las empresas que pretendan dañarlo. Asimismo, protege la integridad del confidente, ya que no permite se proporcione su nombre ni apegándose a la ley de libertad de información.
Las denuncias han sido de todo tipo. Sin embargo, se han concentrado principalmente en la manipulación del mercado, fraudes con información privilegiada, tráfico de influencias y prácticas corruptas en el extranjero. Incluso se han recibido denuncias de casos que involucran a empresas de otros países, como China, Gran Bretaña, Australia, España y Uruguay, entre otros.
Hay otras agencias del gobierno estadunidense, que también tienen oficinas para atender las denuncias, lo que está provocando un cambio en la forma de operar por parte de las empresas privadas, las cuales están transformando sus normas internas y poniendo más cuidado en no hacer fraudes o engañar a sus clientes.
Sería muy conveniente que se estableciera este tipo de oficinas en nuestro país, dado los buenos resultados que se han tenido en el vecino del norte, apoyando así al gobierno mexicano a combatir de mejor forma la corrupción que se da en el sector privado y, en algunos casos, en contubernio con servidores públicos.
Muchas personas saben de irregularidades que se presentan en sus empresas, pero tienen temor de denunciarlas por las represalias que puedan enfrentar. Por eso es que la protección al acusador se convierte en parte principal del programa.
En la medida que se percibiera no sólo como una fuente de ingresos para el que denuncia, sino como un recurso para evitar daños a la población en general y de ahorro de recursos en las investigaciones gracias a la información proporcionada, esta oficina del denunciante sin duda se convertiría en uno de los principales elementos para el combate a la corrupción en nuestro país, más allá de modificaciones a las leyes vigentes.
Este problema se ha convertido en uno de los más graves y las acciones emprendidas hasta ahora por los diferentes gobiernos, tanto priistas como panistas, no han dado los resultados esperados. Esperemos que en el equipo de transición se puedan analizar estos hechos, como un ingrediente principal de sus propuestas para el combate a la corrupción y la mejora de la ética empresarial.
Dicha comisión está autorizada por el congreso norteamericano, para ofrecer recompensas monetarias a las personas que presenten información original y de alta calidad, que permita aplicar sanciones por más de un millón de dólares a las empresas o los particulares que violen la ley en la materia, y el delatador recibirá entre diez y 30 por ciento del dinero recaudado.
Según la presidenta de la SEC, la señora Schapiro, el programa de denuncias ha sido todo un éxito en el corto tiempo, que lleva implementado, ya que las personas han acudido y enviado información permitiendo a las autoridades el ahorro de tiempo y recursos ya que, en lugar de estar buscando a ciegas entre miles de documentos, pueden concentrarse en los que proporciona el denunciante.
Del informe que han presentado se sabe que reciben, en promedio, ocho denuncias diarias y muchas de ellas, no se especifica cuántas, están en proceso de investigación. El mes pasado se hizo el primer pago a un denunciador que pidió el anonimato, cosa que permite la ley. Éste recibió 50 mil dólares por su información, ya que permitió a la SEC detener un fraude multimillonario. Pero si de las investigaciones resultara un incremento en las sanciones, el acusador también recibiría su parte.
Entre sus preceptos, la ley Dodd-Frank incluye la protección del empleo a los denunciantes y la aplicación de represalias contra las empresas que pretendan dañarlo. Asimismo, protege la integridad del confidente, ya que no permite se proporcione su nombre ni apegándose a la ley de libertad de información.
Las denuncias han sido de todo tipo. Sin embargo, se han concentrado principalmente en la manipulación del mercado, fraudes con información privilegiada, tráfico de influencias y prácticas corruptas en el extranjero. Incluso se han recibido denuncias de casos que involucran a empresas de otros países, como China, Gran Bretaña, Australia, España y Uruguay, entre otros.
Hay otras agencias del gobierno estadunidense, que también tienen oficinas para atender las denuncias, lo que está provocando un cambio en la forma de operar por parte de las empresas privadas, las cuales están transformando sus normas internas y poniendo más cuidado en no hacer fraudes o engañar a sus clientes.
Sería muy conveniente que se estableciera este tipo de oficinas en nuestro país, dado los buenos resultados que se han tenido en el vecino del norte, apoyando así al gobierno mexicano a combatir de mejor forma la corrupción que se da en el sector privado y, en algunos casos, en contubernio con servidores públicos.
Muchas personas saben de irregularidades que se presentan en sus empresas, pero tienen temor de denunciarlas por las represalias que puedan enfrentar. Por eso es que la protección al acusador se convierte en parte principal del programa.
En la medida que se percibiera no sólo como una fuente de ingresos para el que denuncia, sino como un recurso para evitar daños a la población en general y de ahorro de recursos en las investigaciones gracias a la información proporcionada, esta oficina del denunciante sin duda se convertiría en uno de los principales elementos para el combate a la corrupción en nuestro país, más allá de modificaciones a las leyes vigentes.
Este problema se ha convertido en uno de los más graves y las acciones emprendidas hasta ahora por los diferentes gobiernos, tanto priistas como panistas, no han dado los resultados esperados. Esperemos que en el equipo de transición se puedan analizar estos hechos, como un ingrediente principal de sus propuestas para el combate a la corrupción y la mejora de la ética empresarial.
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