Es imprescindible terminar con el saneamiento y la
reforma del sector financiero
Carmen Alcaide / El País
La polémica
está servida. Tras varios años de ajustes intensos e ineficaces en algunos
países de la zona euro se vuelve la vista a la política de incentivos aplicada
en Estados Unidos en contraposición a la estricta política de ajustes exigida
en la Unión Económica y Monetaria. Ahora se habla del pacto de crecimiento,
pero el ya discutido y aprobado en la UE y suscrito por varios de los
Parlamentos europeos es el pacto de estabilidad y crecimiento.
Como toda
respuesta, la canciller alemana Ángela Merkel responde que primero es la
estabilidad y después el crecimiento, pero muchos políticos comienzan a darse
cuenta de lo difícil que es alcanzar el objetivo de estabilidad del déficit
público sin que haya algún crecimiento de la actividad económica que permita
incrementar la recaudación de ingresos del sector público y así subsanar parte
del déficit.
Lo que
ningún político ha expresado todavía es cómo se puede cumplir con el pacto de
estabilidad y a la vez estimular el crecimiento. Lo único que se ha aportado
hasta ahora es la posibilidad de suavizar el ajuste, prolongando en el tiempo
el logro del objetivo de un déficit del 3% del PIB. Decisión que ayudaría, pero
a la que se niega rotundamente Alemania. En todo caso, esto no soluciona la
clave del problema, que está en cómo salir de la crisis y conseguir la vuelta a
la confianza de los inversores, empresarios y consumidores.
España se
encuentra en el centro del dilema. Cuando había crecimiento había estabilidad,
e incluso superávit de las cuentas públicas a pesar de los despilfarros. Lo que
ha cambiado ha sido que la crisis económica iniciada con los problemas
financieros internacionales y con el pinchazo de la burbuja española en la
construcción ha provocado el ajuste de la economía productiva con la caída de
la demanda interior y exterior y ha reducido seriamente la recaudación de
impuestos con el consiguiente aumento del déficit público.
Conviene
recordar que antes del inicio de la crisis en 2007, el conjunto de las
Administraciones Públicas alcanzó un superávit del 1,92% del PIB y el nivel de
deuda española estaba en el 36,3% del PIB, uno de los más bajos de la zona
euro. El deterioro actual de las finanzas públicas, con un déficit del 8,5% del
PIB en 2011, se debe en gran medida a la caída de impuestos, aunque también al
aumento de algunos gastos extraordinarios realizados por falta de previsión de
la crisis. En porcentaje del PIB, los recursos (ingresos) y empleos (gastos) en
términos de contabilidad nacional se han deteriorado, disminuyendo los ingresos
y aumentando los gastos. En 2007, los ingresos eran el 41,13% y los gastos el
39,21%, mientras que los datos en 2011 son del 35,13% en los ingresos y del
43,65% en los gastos. El pago de intereses provocado por el aumento del déficit
ha elevado el nivel de deuda pública y en el último trimestre de 2011 se ha
alcanzado el 68,5% del PIB.
El Gobierno
está solo en la defensa de los Presupuestos, y la contestación sobre las
reformas es generalizada dentro de España, aunque es respaldada por las
instituciones y autoridades internacionales. Sin embargo, en estas
circunstancias España se siente abocada a recortes del gasto público y aumentos
de los impuestos que en nada ayudan al crecimiento a corto plazo.
Que las
reformas estructurales son absolutamente necesarias me parece indiscutible,
aunque sí lo es la forma en que se definen y se ponen en práctica. Es normal
que los ciudadanos, en la medida en que ven recortados sus beneficios sociales,
protesten y se resistan a los cambios. También parece razonable que las
instituciones que se ven afectadas por los recortes presupuestarios se opongan,
o al menos se quejen. Pero lo más importante son los argumentos en contra por
la falta de ejemplaridad de los que más tienen, con indemnizaciones, sueldos y
gastos vergonzantes en un momento en que el resto de la ciudadanía lo pasa mal
o muy mal.
Pero ¿cómo
se puede estimular el crecimiento si los recortes del sector público se aplican
a las inversiones y a la investigación? Esta es la pregunta del millón. En
primer lugar, es imprescindible terminar con el saneamiento y la reforma del
sector financiero para conseguir que la financiación vuelva al sistema
productivo. Solo así se podrá recuperar la confianza de los inversores. Sin
inversión no habrá crecimiento. Es un error disminuir los recursos en educación
e investigación, especialmente cuando los proyectos de investigación pueden ser
los avances de la producción en el futuro.
También es
urgente una buena implementación de las reformas realizadas. No basta con
promulgar decretos y leyes. Se tiene que cuidar para que la reforma laboral
produzca los efectos deseados facilitando la contratación y que no sirva
exclusivamente para el saneamiento de los costes de las empresas o para su desaparición
con la consiguiente reducción de empleo. El ajuste de las empresas públicas
(nacionales y autonómicas) debe ser ejemplar, buscando su productividad. Es
urgente solucionar la financiación de los Ayuntamientos, y la lentitud de los
trámites no debe ahogar las medidas tomadas. De alguna manera hay que impulsar
la creación de empresas, que son las únicas que pueden crear puestos de trabajo
y generar la actividad necesaria para la recuperación.
Carmen
Alcaide es analista y expresidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE).
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