Guillermo Knochenhauer / El Financiero
Los bancos tienen, seguramente, índices muy altos de negativos entre sus clientes mexicanos. A nadie pueden parecerle bien las comisiones que cobran aquí, varias veces mayores a las que les permiten en sus países de origen. Pero además son arrogantes y se permiten desestimar medidas que le darían al gobierno mexicano elementos para supervisarlos mejor. Inclusive, se dan casos de desacato de órdenes judiciales cuando les son adversas.
Tales abusos tienen que ver con la opacidad de los procesos de privatización y de extranjerización de la banca durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo. De mi artículo sobre el saqueo del país (EL FINANCIERO, 03/30/2012), recibí la crítica de varios lectores por no señalar la responsabilidad de Guillermo Ortiz como operador de esos procesos.
Ortiz, quien hoy se presenta como un crítico acervo de la banca extranjera, fue el responsable directo de armar los paquetes y de aprobar a los beneficiarios de la privatización bancaria desde 1991. A partir de 1995 promovió la inversión extranjera en el sistema bancario, hasta entonces limitada a 5 por ciento del capital social. El límite se amplió, primero a 30 y luego a 49 por ciento del capital.
Luego vino el gobierno de Ernesto Zedillo, que después del "error de diciembre" creó la terrible historia del Fobaproa al comprarle a los bancos los créditos que no podían cobrar (y muchos más que entraron a esa caja negra), debido al aumento desproporcionado de las tasas de interés que decretó el gobierno. Los bancos, felices, porque desde entonces cobran intereses anuales por esos créditos, asumidos como deuda pública durante el gobierno de Fox. Más de un millón de millones de pesos le ha costado al fisco esa deuda, más lo que se acumule.
Después del "rescate" de los bancos, que no de las familias endeudadas, Zedillo promovió los cambios legales necesarios para permitir la total e incondicional apertura a las inversiones extranjeras, hasta el 100 por ciento de inversión en cada institución del sistema bancario.
Hoy, como presidente del consejo de administración del Grupo Financiero Banorte, Guillermo Ortiz denuncia las cuantiosas remesas de utilidades de los bancos extranjeros a sus matrices y calcula que si fueran lo usual (la quinta parte), el coeficiente crédito/PIB sería cercano a 38 por ciento y no de 23 por ciento actual. Mucho tiene que ver el estancamiento económico del país con la escasez y carestía del financiamiento.
Nos están saqueando los bancos, como país y como familias. Es ilustrativo el caso que me presentó un lector usuario de la tarjeta clásica de Banamex: por un cargo de 929 pesos que se le presentó en noviembre del año pasado, por el cual solicitó aclaración que no se le ha ofrecido, la deuda al 13 de marzo había subido a 2605 pesos, casi el triple, por intereses regulares, moratorios y comisiones más IVA. Ni en Inglaterra, España o Estados Unidos se les permite a los bancos dueños de los que aquí operan, hacer algo semejante.
Pero hay otra faceta del comportamiento de los bancos que puede ser aún peor. El licenciado Armando Martínez Gálvez se dirigió por carta, de la que me envió copia, a Ignacio Deschamps González, presidente del consejo de administración y director general de Bancomer para requerirle el cumplimiento de dos sentencias judiciales a favor de su cliente, la empresa Grupo X 22, SA de CV.
Argumenta Armando Martínez lo que para cualquiera es lógico: que "no le es potestativo ni discrecional a la demandada cumplir la sentencia a su arbitrio". El abogado muestra dos sentencias definitivas de un juicio por un faltante en la cuenta de su cliente ocurrido en noviembre de 2005; una es del Juzgado Cuadragésimo Sexto Civil y otra de la Segunda Sala Civil del TSJDF, mismas que el banco no había acatado durante dos meses hace dos semanas.
Volviendo a Guillermo Ortiz, que se dice alarmado por lo que él mismo contribuyó a crear, propone que los países como el nuestro obliguen a las subsidiarias de bancos transnacionales a limitar el pago de dividendos y/o a cotizar en las bolsas locales. Esto último "alinearía los intereses de los bancos con los de los países huéspedes y probablemente moderaría la transferencia de recursos hacia las empresas matriz".
Los bancos no aceptan la idea y según Acciones y Valores, subsidiaria bursátil de Citi, dueño de Banamex en México, "la mayoría de los bancos propiedad de entidades extranjeras no planea listar las acciones de su filial mexicana y no creemos que las autoridades mexicanas lleven a cabo una política enérgica en este sentido".
Eso es lo que falta: políticas enérgicas para obligar al sistema bancario, aunque no lo tenga planeado, a la competitividad y cobertura de los servicios financieros necesarios para la marcha económica del país.
Los bancos tienen, seguramente, índices muy altos de negativos entre sus clientes mexicanos. A nadie pueden parecerle bien las comisiones que cobran aquí, varias veces mayores a las que les permiten en sus países de origen. Pero además son arrogantes y se permiten desestimar medidas que le darían al gobierno mexicano elementos para supervisarlos mejor. Inclusive, se dan casos de desacato de órdenes judiciales cuando les son adversas.
Tales abusos tienen que ver con la opacidad de los procesos de privatización y de extranjerización de la banca durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo. De mi artículo sobre el saqueo del país (EL FINANCIERO, 03/30/2012), recibí la crítica de varios lectores por no señalar la responsabilidad de Guillermo Ortiz como operador de esos procesos.
Ortiz, quien hoy se presenta como un crítico acervo de la banca extranjera, fue el responsable directo de armar los paquetes y de aprobar a los beneficiarios de la privatización bancaria desde 1991. A partir de 1995 promovió la inversión extranjera en el sistema bancario, hasta entonces limitada a 5 por ciento del capital social. El límite se amplió, primero a 30 y luego a 49 por ciento del capital.
Luego vino el gobierno de Ernesto Zedillo, que después del "error de diciembre" creó la terrible historia del Fobaproa al comprarle a los bancos los créditos que no podían cobrar (y muchos más que entraron a esa caja negra), debido al aumento desproporcionado de las tasas de interés que decretó el gobierno. Los bancos, felices, porque desde entonces cobran intereses anuales por esos créditos, asumidos como deuda pública durante el gobierno de Fox. Más de un millón de millones de pesos le ha costado al fisco esa deuda, más lo que se acumule.
Después del "rescate" de los bancos, que no de las familias endeudadas, Zedillo promovió los cambios legales necesarios para permitir la total e incondicional apertura a las inversiones extranjeras, hasta el 100 por ciento de inversión en cada institución del sistema bancario.
Hoy, como presidente del consejo de administración del Grupo Financiero Banorte, Guillermo Ortiz denuncia las cuantiosas remesas de utilidades de los bancos extranjeros a sus matrices y calcula que si fueran lo usual (la quinta parte), el coeficiente crédito/PIB sería cercano a 38 por ciento y no de 23 por ciento actual. Mucho tiene que ver el estancamiento económico del país con la escasez y carestía del financiamiento.
Nos están saqueando los bancos, como país y como familias. Es ilustrativo el caso que me presentó un lector usuario de la tarjeta clásica de Banamex: por un cargo de 929 pesos que se le presentó en noviembre del año pasado, por el cual solicitó aclaración que no se le ha ofrecido, la deuda al 13 de marzo había subido a 2605 pesos, casi el triple, por intereses regulares, moratorios y comisiones más IVA. Ni en Inglaterra, España o Estados Unidos se les permite a los bancos dueños de los que aquí operan, hacer algo semejante.
Pero hay otra faceta del comportamiento de los bancos que puede ser aún peor. El licenciado Armando Martínez Gálvez se dirigió por carta, de la que me envió copia, a Ignacio Deschamps González, presidente del consejo de administración y director general de Bancomer para requerirle el cumplimiento de dos sentencias judiciales a favor de su cliente, la empresa Grupo X 22, SA de CV.
Argumenta Armando Martínez lo que para cualquiera es lógico: que "no le es potestativo ni discrecional a la demandada cumplir la sentencia a su arbitrio". El abogado muestra dos sentencias definitivas de un juicio por un faltante en la cuenta de su cliente ocurrido en noviembre de 2005; una es del Juzgado Cuadragésimo Sexto Civil y otra de la Segunda Sala Civil del TSJDF, mismas que el banco no había acatado durante dos meses hace dos semanas.
Volviendo a Guillermo Ortiz, que se dice alarmado por lo que él mismo contribuyó a crear, propone que los países como el nuestro obliguen a las subsidiarias de bancos transnacionales a limitar el pago de dividendos y/o a cotizar en las bolsas locales. Esto último "alinearía los intereses de los bancos con los de los países huéspedes y probablemente moderaría la transferencia de recursos hacia las empresas matriz".
Los bancos no aceptan la idea y según Acciones y Valores, subsidiaria bursátil de Citi, dueño de Banamex en México, "la mayoría de los bancos propiedad de entidades extranjeras no planea listar las acciones de su filial mexicana y no creemos que las autoridades mexicanas lleven a cabo una política enérgica en este sentido".
Eso es lo que falta: políticas enérgicas para obligar al sistema bancario, aunque no lo tenga planeado, a la competitividad y cobertura de los servicios financieros necesarios para la marcha económica del país.
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