Jorge A. Chávez Presa / El Universal
Ahora que los senadores Manlio Fabio Beltrones y Francisco Labastida han planteado un cambio fundamental en los dos impuestos más importantes de la política tributaria (IVA e ISR), que es reducir su tasa y eliminar exenciones y privilegios, es muy oportuno reflexionar sobre qué reforma a la hacienda pública necesita México para impulsar el crecimiento económico, la creación de empleos y la equidad.
Para iniciar estas reflexiones hay que identificar el problema, el cual consiste en que la hacienda pública del Estado mexicano es sumamente débil. A este respecto cabe aclarar que la debilidad no es en términos de lo que se ha logrado para la estabilidad macroeconómica por contener el nivel de la deuda y el tamaño del déficit, sino en términos de la capacidad que tiene el Estado mexicano a través de sus gobiernos de hacer y concretar a favor de su población, características que son la esencia de la hacienda pública.
En breve, recordemos que afortunadamente los gobiernos desde el presidente Miguel de la Madrid, que inició con reordenar a todo el sector público federal (dependencias gubernamentales y empresas paraestatales) hasta el del presidente Felipe Calderón, han concentrado los instrumentos de la política económica en la estabilidad, después de que el país cayó en dos severas crisis económicas (1982 y 1994-95). El clímax de la primera culminó con la estatización de la banca comercial mexicana y un control de cambios, antecedida por excesivo gasto gubernamental financiado con deuda pública externa y financiamiento inflacionario por parte del banco central, en adición a todo un rosario de pésimas políticas públicas. La segunda crisis culminó con el rescate del sistema bancario recién privatizado por una falta de marco legal, carencia básica de regulación y supervisión de las actividades bancarias, y antecedido por un expansión crediticia brutal de la banca privada primordialmente, complementado por la banca de desarrollo. En el transcurso de estos episodios se tejió toda una historia de éxito, los gobiernos se pusieron las pilas, alineando y perfeccionando los instrumentos de las políticas públicas para conseguir algo muy anhelado y apreciado por la población: la estabilidad económica.
Ahora, sin embargo, hay que alinear los instrumentos a lo que México demanda y necesita: una tasa elevada y sostenida de crecimiento económico por habitante, crear anualmente cerca de un millón de nuevos empleos para aprovechar los años en los que la población económicamente activa supere a la de niños, jóvenes y personas de la tercera edad en retiro (bono demográfico) y tener un país más incluyente. De ahí la insistencia del Grupo Huatusco y otras organizaciones e individuos más que le han seguido, en marcar como el gran objetivo nacional el crecimiento económico, y en consecuencia quitar todos los obstáculos y lastres que enfrenta este objetivo.
Es en este contexto donde se ubica la reforma de la hacienda pública que incluye además de la recaudación de impuestos, el gasto público, el manejo del patrimonio como el petróleo, la deuda pública y la relación y coordinación de estos temas entre el gobierno federal, los estados y los municipios.
Hoy la hacienda pública mexicana no contribuye mucho al crecimiento económico porque enfrenta problemas tanto por el lado del ingreso como del gasto. Recauda poco, de muy pocos y de bases de impuestos erosionadas, lo que es una invitación a promover la informalidad. Gasta básicamente mal y muy poco dada la demanda de servicios públicos de calidad y efectividad que las actividades productivas requieren para facilitar su desempeño dentro de una economía global. Los servicios de seguridad pública, procuración y administración de justicia, educación, infraestructura de comunicaciones y de telecomunicaciones, salud, desarrollo urbano (agua, drenaje, vialidades, transporte público), suministro de electricidad y combustibles de uso industrial y automotriz, por citar únicamente algunos de los más importantes, no están al nivel de lo que necesitamos para crecer.
Si a esto le sumamos el hecho de que actualmente el gasto de operación para prestar estos servicios públicos en la cantidad y calidad ofrecidas (independientemente de que sean suficientes y reunan los estándares), no alcanza a cubrirse con nuestros impuestos, aunque lo mande nuestra Constitución, y por ello tenemos que recurrir al endeudamiento público y a los ingresos petroleros, arrancando recursos a las futuras generaciones; entonces es prácticamente imposible tener una hacienda pública sólida que ayude a transformar la realidad.
Por esto último todas las propuestas que permitan corregir los defectos que inhiben la recaudación son bienvenidas. Habrá que evaluarlas en términos de lo que eleven la actual exigua recaudación; si favorecen la creación de empleos y la inversión; si amplían el número de contribuyentes, si aumentan la base de los impuestos al eliminar tasas diferenciadas, exenciones, regímenes especiales, e incluso si logran derogarse otros impuestos, y si el cobro de impuestos en combinación con el gasto público es progresivo. Eso sí será política de altura y lo que esperamos de nuestros políticos.
Economista
Ahora que los senadores Manlio Fabio Beltrones y Francisco Labastida han planteado un cambio fundamental en los dos impuestos más importantes de la política tributaria (IVA e ISR), que es reducir su tasa y eliminar exenciones y privilegios, es muy oportuno reflexionar sobre qué reforma a la hacienda pública necesita México para impulsar el crecimiento económico, la creación de empleos y la equidad.
Para iniciar estas reflexiones hay que identificar el problema, el cual consiste en que la hacienda pública del Estado mexicano es sumamente débil. A este respecto cabe aclarar que la debilidad no es en términos de lo que se ha logrado para la estabilidad macroeconómica por contener el nivel de la deuda y el tamaño del déficit, sino en términos de la capacidad que tiene el Estado mexicano a través de sus gobiernos de hacer y concretar a favor de su población, características que son la esencia de la hacienda pública.
En breve, recordemos que afortunadamente los gobiernos desde el presidente Miguel de la Madrid, que inició con reordenar a todo el sector público federal (dependencias gubernamentales y empresas paraestatales) hasta el del presidente Felipe Calderón, han concentrado los instrumentos de la política económica en la estabilidad, después de que el país cayó en dos severas crisis económicas (1982 y 1994-95). El clímax de la primera culminó con la estatización de la banca comercial mexicana y un control de cambios, antecedida por excesivo gasto gubernamental financiado con deuda pública externa y financiamiento inflacionario por parte del banco central, en adición a todo un rosario de pésimas políticas públicas. La segunda crisis culminó con el rescate del sistema bancario recién privatizado por una falta de marco legal, carencia básica de regulación y supervisión de las actividades bancarias, y antecedido por un expansión crediticia brutal de la banca privada primordialmente, complementado por la banca de desarrollo. En el transcurso de estos episodios se tejió toda una historia de éxito, los gobiernos se pusieron las pilas, alineando y perfeccionando los instrumentos de las políticas públicas para conseguir algo muy anhelado y apreciado por la población: la estabilidad económica.
Ahora, sin embargo, hay que alinear los instrumentos a lo que México demanda y necesita: una tasa elevada y sostenida de crecimiento económico por habitante, crear anualmente cerca de un millón de nuevos empleos para aprovechar los años en los que la población económicamente activa supere a la de niños, jóvenes y personas de la tercera edad en retiro (bono demográfico) y tener un país más incluyente. De ahí la insistencia del Grupo Huatusco y otras organizaciones e individuos más que le han seguido, en marcar como el gran objetivo nacional el crecimiento económico, y en consecuencia quitar todos los obstáculos y lastres que enfrenta este objetivo.
Es en este contexto donde se ubica la reforma de la hacienda pública que incluye además de la recaudación de impuestos, el gasto público, el manejo del patrimonio como el petróleo, la deuda pública y la relación y coordinación de estos temas entre el gobierno federal, los estados y los municipios.
Hoy la hacienda pública mexicana no contribuye mucho al crecimiento económico porque enfrenta problemas tanto por el lado del ingreso como del gasto. Recauda poco, de muy pocos y de bases de impuestos erosionadas, lo que es una invitación a promover la informalidad. Gasta básicamente mal y muy poco dada la demanda de servicios públicos de calidad y efectividad que las actividades productivas requieren para facilitar su desempeño dentro de una economía global. Los servicios de seguridad pública, procuración y administración de justicia, educación, infraestructura de comunicaciones y de telecomunicaciones, salud, desarrollo urbano (agua, drenaje, vialidades, transporte público), suministro de electricidad y combustibles de uso industrial y automotriz, por citar únicamente algunos de los más importantes, no están al nivel de lo que necesitamos para crecer.
Si a esto le sumamos el hecho de que actualmente el gasto de operación para prestar estos servicios públicos en la cantidad y calidad ofrecidas (independientemente de que sean suficientes y reunan los estándares), no alcanza a cubrirse con nuestros impuestos, aunque lo mande nuestra Constitución, y por ello tenemos que recurrir al endeudamiento público y a los ingresos petroleros, arrancando recursos a las futuras generaciones; entonces es prácticamente imposible tener una hacienda pública sólida que ayude a transformar la realidad.
Por esto último todas las propuestas que permitan corregir los defectos que inhiben la recaudación son bienvenidas. Habrá que evaluarlas en términos de lo que eleven la actual exigua recaudación; si favorecen la creación de empleos y la inversión; si amplían el número de contribuyentes, si aumentan la base de los impuestos al eliminar tasas diferenciadas, exenciones, regímenes especiales, e incluso si logran derogarse otros impuestos, y si el cobro de impuestos en combinación con el gasto público es progresivo. Eso sí será política de altura y lo que esperamos de nuestros políticos.
Economista
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