Mauricio Merino / El Universal
La semana pasada el IFE volvió a las primeras planas, por malas razones: se acusó a su Junta General Ejecutiva de haber faltado a las normas presupuestarias, porque en vez de reintegrar a la Tesorería de la Federación los 348 millones de pesos que no pudo ejercer, se quedó con ellos para comprar oficinas. Para el IFE esa decisión fue legal y acertada, pues ese dinero le permitirá disminuir buena parte de los recursos que hoy gasta en rentas. Pero la condena mediática ya no tiene remedio y muy probablemente crecerá en los próximos días, cuando el contralor y el consejero presidente de ese instituto comparezcan ante la Cámara de Diputados. Y es que nada ofende más que el abuso de los dineros públicos.
El problema de esa condena —y de las que se acumulen en los próximos días— es que la confianza no distingue entre planos distintos. Se confía o no se confía en una persona o en una institución de manera completa y no por pedazos. De modo que resulta alarmante que hoy se ponga en duda la honestidad en el manejo de los recursos asignados al IFE, porque ese mismo argumento podría servir mañana para cuestionar su capacidad de sancionar medios, de llamar al orden a los partidos o de organizar elecciones. Y aunque comprendo que no es justo mezclar funciones distintas, ni cargar errores cometidos por unos sobre los hombros de otros, mucho me temo que para el imaginario público el IFE es una unidad: una sola cosa. Y más todavía cuando lo que está en tela de juicio es una decisión colegiada, defendida públicamente.
Además llueve sobre mojado, pues el Consejo General del IFE sigue incompleto y esperando que el Poder Legislativo tenga a bien nombrar a los tres consejeros que le hacen falta para quedar debidamente integrado y para darle plena validez jurídica a sus resoluciones. Y aún está pendiente, también, la decisión de la Corte sobre los amparos interpuestos por los 15 intelectuales que consideraron ofendida su libertad de expresión tras la reforma electoral del 2007. Y, por si fuera poco, es muy probable que los diputados todavía intenten alguna reforma adicional antes de que concluya el plazo constitucional para hacerlo. En medio de toda esa incertidumbre, viene ahora esta ofensiva mediática.
A mí me gustaría que el IFE no sólo saliera indemne de estas acusaciones, sino que además fuera capaz de hacerlo con armonía y unidad, pues de nada nos sirve un órgano electoral débil, dubitativo o fragmentado. Si se mira con cuidado se verá que su función consiste en convocar y coordinar a los ciudadanos para que organicen las elecciones, mientras vigila y regula a los partidos políticos y a los medios de comunicación. En este sentido, es una institución obligada a colocarse por encima de las contiendas o de los intereses del día —a ponerse más allá del bien y del mal, como solemos decir— para asumir una posición que ha de ser, a un tiempo, política, jurídica y ética. Con todo respeto por la figura habitual, el IFE ya no sólo es el árbitro sino que también administra el acceso al estadio y regula la trasmisión del partido. De modo que cualquier cosa que ponga en duda su autoridad amenaza, a la postre, a todos los jugadores.
No obstante, los dirigentes de los partidos no parecen haber reparado en el daño que se hacen a sí mismos cuando debilitan a las autoridades electorales. No digo que hagan ojo de hormiga si encuentran alguna falta grave en las operaciones del IFE o que acepten con resignación todas las decisiones de ese órgano. Pero llamar a comparecer a los responsables de la gestión del IFE para enmendarles la plana a la mitad de la plaza pública es, a todas luces, un exceso gestado ante las cámaras y los micrófonos de los medios.
Y en contrapartida, es lamentable la cautelosa prudencia de los consejeros electorales ante la andanada que está minando su autoridad. Cuando reaccionen podría ser ya demasiado tarde.
Vale la pena recordar que la mayor crítica que se enderezó en contra del Consejo General que dirigió las elecciones del 2006 fue su cautela excesiva y hasta su morosidad para reaccionar ante las conductas que pusieron en tela de juicio su autoridad, desde el doctor Simi hasta el presidente Fox, pasando por un largo etcétera. Y, al final, fue el IFE quien pagó por los platos rotos. Por eso, más vale poner en su lugar a los patos antes de que destruyan las escopetas y repitamos la historia que ya vivimos. Hay que salvar al IFE, incluso de sí mismo.
Profesor investigador del CIDE.
La semana pasada el IFE volvió a las primeras planas, por malas razones: se acusó a su Junta General Ejecutiva de haber faltado a las normas presupuestarias, porque en vez de reintegrar a la Tesorería de la Federación los 348 millones de pesos que no pudo ejercer, se quedó con ellos para comprar oficinas. Para el IFE esa decisión fue legal y acertada, pues ese dinero le permitirá disminuir buena parte de los recursos que hoy gasta en rentas. Pero la condena mediática ya no tiene remedio y muy probablemente crecerá en los próximos días, cuando el contralor y el consejero presidente de ese instituto comparezcan ante la Cámara de Diputados. Y es que nada ofende más que el abuso de los dineros públicos.
El problema de esa condena —y de las que se acumulen en los próximos días— es que la confianza no distingue entre planos distintos. Se confía o no se confía en una persona o en una institución de manera completa y no por pedazos. De modo que resulta alarmante que hoy se ponga en duda la honestidad en el manejo de los recursos asignados al IFE, porque ese mismo argumento podría servir mañana para cuestionar su capacidad de sancionar medios, de llamar al orden a los partidos o de organizar elecciones. Y aunque comprendo que no es justo mezclar funciones distintas, ni cargar errores cometidos por unos sobre los hombros de otros, mucho me temo que para el imaginario público el IFE es una unidad: una sola cosa. Y más todavía cuando lo que está en tela de juicio es una decisión colegiada, defendida públicamente.
Además llueve sobre mojado, pues el Consejo General del IFE sigue incompleto y esperando que el Poder Legislativo tenga a bien nombrar a los tres consejeros que le hacen falta para quedar debidamente integrado y para darle plena validez jurídica a sus resoluciones. Y aún está pendiente, también, la decisión de la Corte sobre los amparos interpuestos por los 15 intelectuales que consideraron ofendida su libertad de expresión tras la reforma electoral del 2007. Y, por si fuera poco, es muy probable que los diputados todavía intenten alguna reforma adicional antes de que concluya el plazo constitucional para hacerlo. En medio de toda esa incertidumbre, viene ahora esta ofensiva mediática.
A mí me gustaría que el IFE no sólo saliera indemne de estas acusaciones, sino que además fuera capaz de hacerlo con armonía y unidad, pues de nada nos sirve un órgano electoral débil, dubitativo o fragmentado. Si se mira con cuidado se verá que su función consiste en convocar y coordinar a los ciudadanos para que organicen las elecciones, mientras vigila y regula a los partidos políticos y a los medios de comunicación. En este sentido, es una institución obligada a colocarse por encima de las contiendas o de los intereses del día —a ponerse más allá del bien y del mal, como solemos decir— para asumir una posición que ha de ser, a un tiempo, política, jurídica y ética. Con todo respeto por la figura habitual, el IFE ya no sólo es el árbitro sino que también administra el acceso al estadio y regula la trasmisión del partido. De modo que cualquier cosa que ponga en duda su autoridad amenaza, a la postre, a todos los jugadores.
No obstante, los dirigentes de los partidos no parecen haber reparado en el daño que se hacen a sí mismos cuando debilitan a las autoridades electorales. No digo que hagan ojo de hormiga si encuentran alguna falta grave en las operaciones del IFE o que acepten con resignación todas las decisiones de ese órgano. Pero llamar a comparecer a los responsables de la gestión del IFE para enmendarles la plana a la mitad de la plaza pública es, a todas luces, un exceso gestado ante las cámaras y los micrófonos de los medios.
Y en contrapartida, es lamentable la cautelosa prudencia de los consejeros electorales ante la andanada que está minando su autoridad. Cuando reaccionen podría ser ya demasiado tarde.
Vale la pena recordar que la mayor crítica que se enderezó en contra del Consejo General que dirigió las elecciones del 2006 fue su cautela excesiva y hasta su morosidad para reaccionar ante las conductas que pusieron en tela de juicio su autoridad, desde el doctor Simi hasta el presidente Fox, pasando por un largo etcétera. Y, al final, fue el IFE quien pagó por los platos rotos. Por eso, más vale poner en su lugar a los patos antes de que destruyan las escopetas y repitamos la historia que ya vivimos. Hay que salvar al IFE, incluso de sí mismo.
Profesor investigador del CIDE.
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