Mauricio Merino / El Universal
El día de hoy se estarán discutiendo —en un seminario de análisis convocado por la Cámara de Diputados, el IFE y el CIDE— las posibles reformas que convendría llevar a cabo en la legislación electoral vigente, para recuperar la experiencia acumulada por los órganos responsables de organizar las elecciones en 2009 y 2010, y evitar que las rendijas legales que ya se han revelado como asuntos difíciles de procesar, se conviertan en conflictos irreparables para los comicios del 2012.
El temario propuesto para ese seminario tiene la virtud de la autocontención: no se propone revisar toda la legislación electoral de nueva cuenta, ni volver a abrir los debates que se vivieron durante la reforma de 2007 y 2008. Lo que busca es asimilar la experiencia ya vivida tras la reforma (durante las elecciones federales del 2009 y las 28 elecciones locales organizadas con el nuevo régimen electoral) y advertir sobre los riesgos que podrían venir en la sucesión presidencial siguiente si la norma actual se queda intacta. La convocatoria no propone un cambio de modelo, ni la rectificación de las decisiones principales que se tomaron hace tres años, sino escuchar las conclusiones a las que han llegado los órganos electorales, al aplicar las leyes tal como fueron redactadas.
No es frecuente que un órgano del Estado mexicano se atreva a reconocer sus limitaciones, ni a señalar los riesgos que plantea la aplicación de las leyes que regulan su responsabilidad, del modo en que fueron diseñadas. Por eso es buena cosa, creo yo, que el IFE haya producido un “Informe sobre la implementación de la reforma electoral del 2007-2008“ para la Cámara de Diputados, en el que describe, puntual, y hasta morosamente, dónde cree que estuvieron las virtudes y dónde los defectos en la ejecución de ese nuevo modelo construido con el consenso de todos los partidos, pero amenazado, como siempre, por ellos mismos.
Dice el IFE, en ese informe, que “el cambio más importante (a la hora de poner en funcionamiento el nuevo modelo de comunicación política, en el que se prohibió la compra-venta de propaganda electoral a través de radio y televisión) residió en los aspectos de procedimiento. Con la instauración del Procedimiento Especial Sancionador, se debió instrumentar y concluir una queja o denuncia en tiempos reducidos y plazos fatales (en cinco días). Sin embargo (añade el informe), el hecho de que su desahogo (haya sido) público llevó a que el proceso electoral del 2009 (haya sido) el más litigioso de la historia, con 1,076 quejas y denuncias”. Para el órgano electoral, ese procedimiento se distorsionó “porque la propia dinámica de la competencia electoral lo convirtió en otro instrumento de propaganda, sometiendo a la institución a la celebración de 88 sesiones de Consejo General en tan sólo 48 semanas“, que todos los partidos aprovecharon para acusar a sus adversarios hasta la náusea.
El IFE pide, con razón, que esos procedimientos se modifiquen, pues de lo contrario el Consejo General instaurado para velar por la mejor organización de los procesos electorales, se convertirá en tribunal de primera instancia —en juez de barandilla—, dedicado casi exclusivamente a resolver quejas en plazos perentorios. Riesgo al que debe sumarse, en los términos descritos por el propio IFE, “la diversidad de casos de propaganda electoral en radio y televisión que ocurrió (en el 2009) fuera de la pauta del IFE y que desafiaron la interpretación de la reforma electoral (infomerciales, propaganda integrada, informes de servidores públicos, propaganda velada en entrevistas, contratación de propaganda partidista a través de medios informativos de terceros, etcétera)“.
Evitar esas irregularidades para el 2012 no sólo debe depender de la capacidad de respuesta del IFE, cuya principal obligación es la organización misma de los comicios. En cambio, sería mucho mejor que las decisiones jurisdiccionales se lleven al territorio del Tribunal Electoral, donde pertenecen por derecho y aun por sentido común: que sean los magistrados quienes juzguen y no los administradores del proceso. Y de paso, que al hacerlo, los jueces vayan produciendo los criterios de interpretación jurídica sobre las limitaciones a la propaganda que, de todos modos, acabarán llegando hasta su órbita.
Por su parte, el IFE no sólo podría perfeccionar su capacidad de monitoreo, sino abrir cada vez más puertas a la vigilancia pública de los procesos organizacionales y, especialmente, a los del reclutamiento, capacitación, designación y sustitución de los funcionarios de casilla, así como al recuento de los votos —con más tiempo concedido en la ley, para evitar errores y saturación por una prisa innecesaria—, que son los pasos decisivos para ofrecer certeza al resultado. Para decirlo de buen modo: cada chango a su mecate.
Profesor investigador del CIDE
El día de hoy se estarán discutiendo —en un seminario de análisis convocado por la Cámara de Diputados, el IFE y el CIDE— las posibles reformas que convendría llevar a cabo en la legislación electoral vigente, para recuperar la experiencia acumulada por los órganos responsables de organizar las elecciones en 2009 y 2010, y evitar que las rendijas legales que ya se han revelado como asuntos difíciles de procesar, se conviertan en conflictos irreparables para los comicios del 2012.
El temario propuesto para ese seminario tiene la virtud de la autocontención: no se propone revisar toda la legislación electoral de nueva cuenta, ni volver a abrir los debates que se vivieron durante la reforma de 2007 y 2008. Lo que busca es asimilar la experiencia ya vivida tras la reforma (durante las elecciones federales del 2009 y las 28 elecciones locales organizadas con el nuevo régimen electoral) y advertir sobre los riesgos que podrían venir en la sucesión presidencial siguiente si la norma actual se queda intacta. La convocatoria no propone un cambio de modelo, ni la rectificación de las decisiones principales que se tomaron hace tres años, sino escuchar las conclusiones a las que han llegado los órganos electorales, al aplicar las leyes tal como fueron redactadas.
No es frecuente que un órgano del Estado mexicano se atreva a reconocer sus limitaciones, ni a señalar los riesgos que plantea la aplicación de las leyes que regulan su responsabilidad, del modo en que fueron diseñadas. Por eso es buena cosa, creo yo, que el IFE haya producido un “Informe sobre la implementación de la reforma electoral del 2007-2008“ para la Cámara de Diputados, en el que describe, puntual, y hasta morosamente, dónde cree que estuvieron las virtudes y dónde los defectos en la ejecución de ese nuevo modelo construido con el consenso de todos los partidos, pero amenazado, como siempre, por ellos mismos.
Dice el IFE, en ese informe, que “el cambio más importante (a la hora de poner en funcionamiento el nuevo modelo de comunicación política, en el que se prohibió la compra-venta de propaganda electoral a través de radio y televisión) residió en los aspectos de procedimiento. Con la instauración del Procedimiento Especial Sancionador, se debió instrumentar y concluir una queja o denuncia en tiempos reducidos y plazos fatales (en cinco días). Sin embargo (añade el informe), el hecho de que su desahogo (haya sido) público llevó a que el proceso electoral del 2009 (haya sido) el más litigioso de la historia, con 1,076 quejas y denuncias”. Para el órgano electoral, ese procedimiento se distorsionó “porque la propia dinámica de la competencia electoral lo convirtió en otro instrumento de propaganda, sometiendo a la institución a la celebración de 88 sesiones de Consejo General en tan sólo 48 semanas“, que todos los partidos aprovecharon para acusar a sus adversarios hasta la náusea.
El IFE pide, con razón, que esos procedimientos se modifiquen, pues de lo contrario el Consejo General instaurado para velar por la mejor organización de los procesos electorales, se convertirá en tribunal de primera instancia —en juez de barandilla—, dedicado casi exclusivamente a resolver quejas en plazos perentorios. Riesgo al que debe sumarse, en los términos descritos por el propio IFE, “la diversidad de casos de propaganda electoral en radio y televisión que ocurrió (en el 2009) fuera de la pauta del IFE y que desafiaron la interpretación de la reforma electoral (infomerciales, propaganda integrada, informes de servidores públicos, propaganda velada en entrevistas, contratación de propaganda partidista a través de medios informativos de terceros, etcétera)“.
Evitar esas irregularidades para el 2012 no sólo debe depender de la capacidad de respuesta del IFE, cuya principal obligación es la organización misma de los comicios. En cambio, sería mucho mejor que las decisiones jurisdiccionales se lleven al territorio del Tribunal Electoral, donde pertenecen por derecho y aun por sentido común: que sean los magistrados quienes juzguen y no los administradores del proceso. Y de paso, que al hacerlo, los jueces vayan produciendo los criterios de interpretación jurídica sobre las limitaciones a la propaganda que, de todos modos, acabarán llegando hasta su órbita.
Por su parte, el IFE no sólo podría perfeccionar su capacidad de monitoreo, sino abrir cada vez más puertas a la vigilancia pública de los procesos organizacionales y, especialmente, a los del reclutamiento, capacitación, designación y sustitución de los funcionarios de casilla, así como al recuento de los votos —con más tiempo concedido en la ley, para evitar errores y saturación por una prisa innecesaria—, que son los pasos decisivos para ofrecer certeza al resultado. Para decirlo de buen modo: cada chango a su mecate.
Profesor investigador del CIDE
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