Nancy Flores - Contralínea
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) suele tratar con un doble rasero a los contribuyentes. Por ello, a quienes beneficia en forma discrecional, les protege sus “datos personales”, aún cuando se trata de personas morales (es decir, empresas) y no de personas físicas. Más aún, escudado en el secreto fiscal, al reservar los datos, limita el derecho a la información, consagrado en el Artículo 6 de la Constitución Mexicana.
Hasta ahora, los nombres de las empresas, empresarios y personas físicas de alto perfil a los que se ha beneficiado con el llamado perdón fiscal (la facultad del secretario de Hacienda de solicitar la conclusión de juicios por sobreseimiento de las causas penales derivadas de delitos fiscales) permanecen ocultos.
Este mismo secreto opera para blindar los datos de aquellas corporaciones y sus dueños que obtienen otro tipo de beneficios, como la devolución multimillonaria de impuestos, las compensaciones y las cancelaciones de créditos fiscales.
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