MALA INFORMACIÓN, DEBATE DESINFORMADO

John Bailey (*) / El Universal

La semana pasada, el presidente Felipe Calderón informó en la Cuarta Reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública que la incidencia de homicidio doloso disminuyó 7% en el primer semestre de 2012 en relación con el primer semestre de 2011. La incidencia de los homicidios relacionados con el crimen organizado, dijo, cayó 15% durante el mismo periodo.

El Presidente expresó su esperanza de que estas tendencias prometedoras podrían indicar el comienzo de importantes mejoras en la seguridad pública en el futuro. Sin embargo, el anuncio del Presidente fue recibido con escepticismo por algunos críticos, que dudaban de la exactitud de los números o la interpretación que de éstos hacía el Presidente, o ambas cosas.

Éste es un típico intercambio público acerca de la exactitud de las estadísticas del crimen y los efectos de las políticas públicas para influir en el comportamiento criminal. Con la mala información y confusión, el público culpa al gobierno cuando las estadísticas del crimen empeoran, y los gobiernos, en medio de la misma confusión, felizmente cantan victoria cuando las estadísticas del delito muestran una mejoría. A menudo no hay relación evidente entre las políticas públicas y las tendencias del crimen.

Lo interesante es que la información y las estadísticas relacionadas con la criminalidad parecen menos precisas que la información de otros campos. Cuando el Banco de México, por ejemplo, informa que la inflación en un determinado trimestre se mantuvo estable, su informe es generalmente aceptado. No es así en el caso de la seguridad pública y las estadísticas del delito.

Hay dos razones básicas para el escepticismo acerca de las estadísticas del crimen. La primera es que la delincuencia en México está muy politizada. El gobierno y el partido en el poder se sienten motivados a reportar cifras optimistas y la oposición y partes de la sociedad civil se sienten motivados a refutarlas. El público no sabe qué creer y no puede participar de manera constructiva en el debate.

La segunda razón es que las estadísticas del crimen son técnicamente difíciles de definir y el aparato administrativo distorsiona los números con los que tratan. Considérese, por ejemplo, un caso típico: dos sujetos armados roban un banco. Secuestran a un empleado y roban un coche para hacer su escape. Durante la fuga el empleado está herido. La historia continúa, lo que resulta en una docena de diferentes delitos. ¿Cuáles de éstos serán reportados?

La selección de crímenes que se debe informar depende del aparato administrativo, la policía, el Ministerio Público y sus procuradurías. El mismo conjunto de crímenes podría ser reportado de maneras diferentes, porque diferentes jurisdicciones definen los crímenes de otra forma, utilizan diferentes metodologías y diferentes procedimientos administrativos.

Bogotá se enfrentó a una situación similar de información confusa producida por diferentes organismos. Para solucionar esto el entonces alcalde, Antanás Mockus, presentó el Sistema Unificado de Información de Violencia y Delincuencia para coordinar la presentación de informes por los diferentes organismos. Un paso relacionado fue la difusión de los datos de la forma más rápida y amplia posible. Con el tiempo, el público llegó a comprender y confiar en los datos y a mejorar el debate público.

Si la situación de la mala información es verdadera en una ciudad o país, la información de la delincuencia es inexistente o inexacta cuando tratamos de comparar entre países. Las comparaciones sirven porque tratamos de aprender qué tipos de políticas públicas pueden reducir o prevenir el delito.

Afortunadamente, varios organismos internacionales están apoyando un nuevo esfuerzo conjunto para mejorar la recopilación de datos. El Sistema Regional de Indicadores Estandarizados de Convivencia y de Seguridad Ciudadana, con sede en la Universidad del Valle, en Cali, Colombia, es un gran esfuerzo para estandarizar y recopilar datos sobre la seguridad pública de 15 países y dos ciudades importantes. El INEGI es uno de los instituto participantes. Los datos que se están reuniendo permitirán hacer comparaciones entre países, para que "hurto", por ejemplo, signifique lo mismo en Chile y Brasil.

Esto puede no parecer mucho al público, pero es muy importante. La buena información es el primer paso hacia el debate público productivo. El siguiente paso es un aparato administrativo que reporte la información con precisión.