Por: Arturo Damm Arnal - La Razón de México
Una ley es eficaz si genera, en nosotros, la obligación ética, asumida por convicción, no por miedo al castigo, de obedecerla. Para que lo sea debe ser justa, debe reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente, nuestros derechos. Una ley justa formaliza, en el ámbito de las normas jurídicas, el principio ético de la justicia, del respeto a los derechos, regulando las relaciones entre personas, en lo que tiene que ver con la justicia, algo que no hacen las leyes que prohíben el consumo de determinadas sustancias, que no regulan relaciones entre personas, sino comportamientos personales.
Todo lo anterior tiene que ver con la Ley General de Salud, que en México prohíbe la adquisición, preparación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta, suministro y publicidad de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos, pero que permite su consumo, por lo que, de respetarse la ley (algo que no sucederá porque, dado que seguirá habiendo demanda y compra, seguirá habiendo oferta y venta), se condenaría a quienes vapean a una posición de autoproducción, ya que tendrían que producir, por sí mismos, sin recurrir a productores, distribuidores y vendedores, todos los enseres necesarios para vapear.
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