Samuel García - El Sol de México
El caso del “huachicol fiscal” que involucra a altos mandos de la Marina no debería sorprendernos. Era previsible. Desde que se entregaron a las Fuerzas Armadas funciones civiles -puertos, aduanas, aeropuertos, hoteles, trenes, combustibles- se construyeron incentivos perfectos para la corrupción.
La narrativa oficial hablaba de “blindar” al Estado contra el crimen; la realidad ha sido lo contrario: multiplicar las oportunidades para que éste se incruste en las entrañas del gobierno.
Los datos son demoledores. Una red al interior de la Marina, con empresarios y políticos alrededor, operó al menos desde 2023, con 69 envíos de combustible y beneficios ilegales por más de 150 millones de dólares, según reveló El País. No hablamos de soldados rasos: fueron altos mandos quienes facilitaron el fraude mediante documentos falsos y complicidades aduaneras. El huachicol ya no consiste en perforar ductos, sino en adulterar papeles con sellos oficiales.
¿Por qué ocurre esto? Porque los incentivos están alineados en la peor dirección posible. El diferencial de precios de las gasolinas entre Estados Unidos y México, cargado con impuestos como el IEPS, convierte a la importación fraudulenta en un negocio irresistible. Y porque la probabilidad de sanción es mínima, al amparo de funcionarios públicos de alto nivel. Alta ganancia, baja sanción: la fórmula clásica de la corrupción.
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