Alberto Aguirre- El Economista
Los tomadores de decisión han encargado encuestas para hacer un pronóstico del comportamiento de los votantes, en vísperas de la elección judicial. La interpretación de los resultados no es concluyente: si bien tres cuartas partes de los electores cree que la reforma que obliga a la renovación de jueces, magistrados y ministros traerá un cambio, aquellos que expresan que acudirán a las urnas dentro de 15 apenas son 28% de los ciudadanos inscritos en el listado nominal.
Y los votantes probables, según esos estudios demoscópicos —de circulación restringida entre dirigentes empresariales y legisladores de oposición— serían 23% de los electores. ¿25 millones de votos en un proceso electoral abigarrado y poco socializado?
Los estrategas y publicistas que han asesorado a los candidatos calculan que las estructuras morenistas —ya sea con los “acordeones” o por las cuotas que ya se han impuesto a legisladores y alcaldes— podrán movilizar a 20 millones de electores. “Los operadores van a obedecer a una lógica corporativa, por grupos de candidaturas”, refiere uno de los consultores políticos que asesora a aspirantes a la SCJN. “Otros partidos, sindicatos y organizaciones civiles también están involucradas. Sobre todo, los gobernadores tienen el compromiso de que esta elección sea concurrida y no tenga visos de ilegitimidad”.
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