Mario Maldonado - Sonora Presente
Desde hace varios meses la industria del gas LP ha acusado un trato “injusto” del gobierno federal y los reguladores; por un lado, el esquema de precios máximos que se implementó en 2021 para “proteger” a los consumidores de aumentos y, por el otro, la empresa estatal Gas Bienestar que pese a ser considerada un fracaso y arrastrar pérdidas multimillonarias ha depredado algunos mercados en detrimento de los privados.
Si bien la política de fijar precios al gas LP y la creación de Gas Bienestar corresponden al sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum no ha mostrado interés en revisar la situación, la cual, acusan los gaseros, tiene a la industria en crisis, al borde de la quiebra de varias empresas y, por lo tanto, a muchos trabajadores en la antesala de ser despedidos.
Los ojos están puestos sobre la secretaria de Energía, Luz Elena González, a quien la Presidenta solicitó dialogar con la industria, pero las reuniones no se han concretado. Lo que piden los gaseros es que se revise el esquema de precios máximos, pues aseguran que no ha generado los efectos esperados –como la reducción generalizada de los precios de la tortilla y otros productos–, y por el contrario tiene a la industria pendiendo de un hilo.
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