- Las autoridades de México y Estados Unidos se enredan para explicar el sustento legal que permitió superar el atascamiento en los tribunales que por años impidió la entrega de los capos
Omar García Harfuch durante una conferencia de prensa, en Ciudad de México, este viernes. Rogelio Morales Ponce (CUARTOSCURO)
Zedryk Raziel - México - El País
Si este jueves, nada más conocerse el insólito operativo en el que México envió a Estados Unidos a 29 narcotraficantes, se hablaba de extradición, horas después comenzó a surgir la duda y se multiplicaron las preguntas sobre cuál fue realmente el sustento legal que agilizó la entrega y destrabó los procesos de extradición atascados por años en los tribunales. Las autoridades de EE UU usaron términos disímiles: traslado, dijo la Fiscalía General; extradición, dijo la Casa Blanca; expulsión, dijo el Departamento de Estado. Este viernes, el fiscal de México, Alejandro Gertz, ha aclarado en una rueda de prensa que no se trató de una extradición conforme al tratado bilateral sobre la materia entre los dos países, sino de un “envío”, una vaga figura; el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, habló de un “traslado”. El fiscal Gertz ha explicado que la operación se efectuó a solicitud expresa de Estados Unidos y que México respondió con base en la Ley de Seguridad Nacional y el artículo constitucional que faculta a la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, a preservarla.
El inesperado recurso tuvo el objeto de superar el punto muerto al que habían llegado varias solicitudes de extradición hechas por Washington, que los capos y sus abogados lograron postergar en los tribunales mediante amparos, algunos por más de una década. García Harfuch ha señalado la responsabilidad del Poder Judicial en el atascamiento de los procesos de extradición, y ha apuntado a “acuerdos” entre narcos y “algunos jueces que buscaban favorecerlos, como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años”. La presidenta Sheinbaum ha apuntado a la corrupción en la Judicatura, horas después de darse a conocer que una jueza ordenó la liberación de Rosalinda González Valencia, esposa del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), El Mencho, y que había sido sentenciada por blanqueo de recursos. “La corrupción el Poder Judicial en nuestro país es aberrante y ofensiva”, ha dicho la mandataria.
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