José Buendía Hegewisch - Excelsior
La cita de los órganos autónomos con sus juzgadores en el Congreso tiene sabor al fin de una época. Con su ejecución termina un modelo que llevó en las últimas tres décadas a incluirlos en la Constitución como promesa de democratización, aunque su partidización los recortó como contrapesos a la discrecionalidad y opacidad del presidencialismo.
La eliminación de éstos no es sorpresa, dado que fue “caballo de batalla” de la crítica de simulación institucional que López Obrador enderezó en su sexenio contra los gobiernos del PRI y el PAN. El dictamen que dejó planchado la legislatura anterior fue el último de las reformas del plan B con que impulsa su proyecto de cambio de régimen o, en palabras opositoras, para mandarlas “al diablo”.
Se extinguen en medio de disputas ideológicas entre la defensa de los contrapesos y enterrar las reformas del Pacto por México, sin análisis ni un debate informado. Sin embargo, es una oportunidad para el gobierno de Sheinbaum de relanzar la protección de derechos como el acceso a la información pública, la preservación de datos personales o reducir el castigo de los monopolios a los consumidores; garantías que son tradicionales banderas de izquierda.
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