José Ramón Cossio - El Siglo de Torreón
A lo largo de la semana pasada, el presidente de la República hizo diversos comentarios acerca de la transparencia. Las menciones giraron en torno a tres ejes principales. El primero, lo que a su juicio eran los excesivos costos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) frente a los resultados obtenidos. Por su parte, la supuesta connivencia de quienes lo habían integrado con los gobiernos anteriores y, finalmente, la posibilidad de asignarle a la Secretaría de la Función Pública las competencias del propio Inai.
Los comentarios presidenciales han levantado fuertes y correctas críticas. Se ha señalado lo magro de los recursos asignados al Instituto y la importancia que sus decisiones tuvieron para denunciar casos de corrupción. Coincido plenamente con ambos juicios. Únicamente agregaría que, como a la Cámara de Diputados le compete asignar los correspondientes presupuestos y a la Auditoría Superior de la Federación verificar su adecuado ejercicio, el presidente de la República está sometido a la acción de esos órganos y no, desde luego, ellos están sometidos a él.
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