GUERRERO "EN LLAMAS"
Flor Goche / Contralínea
Ángel Aguirre asumió el gobierno de
Guerrero en abril de 2011. Desde entonces, siete estudiantes de la
Escuela Normal Rural de Ayotzinapa han sido asesinados, 43 desaparecidos
y dos más heridos de gravedad. En esos casos han participado servidores
públicos de uno o de los tres niveles de gobierno, hecho que los
clasificaría como “crímenes de Estado”. La paciencia de los guerrerenses
se agota: la justicia jamás llega; no hay avances significativos en la
indagatoria relacionada con el paradero de los jóvenes víctimas de
desaparición forzada. La indignación que ha provocado la impunidad, la
corrupción y el abuso de poder en el caso de los estudiantes agredidos
en Iguala parece hacer crisis con demandas históricas en uno de los
estados con mayor pobreza en el país. La entidad, en donde causó más
estragos la Guerra Sucia de las décadas de 1970 y 1980, está al borde de
una rebelión civil. “¿Qué sigue para nosotros luego de un golpe así? ¿A
poco piensan que nos vamos a regresar a nuestras clases o a nuestras
casas como si nada hubiera ocurrido?”, preguntas constantes entre
estudiantes, padres de familia, campesinos, luchadores sociales,
maestros…
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