MAURICO MERINO / EL UNIVERSAL
A partir de esta semana y hasta bien entrado el 2012, el proceso electoral federal irá ganando interés. No sólo el que ya despiertan las candidaturas a la Presidencia --de cuyo seguimiento cotidiano se encarga la prensa desde hace varios meses--, sino el de la organización electoral propiamente dicha, con todas sus dificultades conocidas y sus nuevos desafíos. Y el primero ya quedó clarísimo, apenas comenzando el período electoral: el IFE inicia su tarea con cargas de trabajo adicional y sin contar con un consejo general integrado de conformidad con la Constitución. Pero esto es sólo la punta del iceberg.
El incumplimiento de la Cámara de Diputados --por las razones que hayan sido-- muestra que las reglas del juego son tan vulnerables como el capricho de los dirigentes políticos de México. No importa qué tan rígidas y claras sean las leyes, que de todos modos es posible que los poderosos las incumplan en busca de sus intereses propios. Desde que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvo a bien sentenciar que el Consejo General del IFE podía funcionar con seis consejeros en lugar de nueve --como si la Constitución no dijera con toda precisión que el órgano superior de esa casa se integra de ocho consejeros y un consejero presidente y como si la cifra no tuviera más implicaciones que las que dicta la aritmética--, los partidos recibieron los regalos que querían: el aval de la legalidad ganada como sea y el tiempo necesario para jugar a las vencidas.
Si el alto juicio de los magistrados sentenció que el IFE puede funcionar con seis como si no pasara nada (¿y por qué no con cuatro, o con tres, o con el puro dominio del consejero presidente?); si, por otra parte, el proceso electoral pudo comenzar en regla con el IFE mocho y si el propio IFE afirma que ningún desafío es superior a sus potencias, ¿qué razón práctica cabe invocar para que las cosas vuelvan a la normalidad? La verdad es que a toda esa gente no le importa demasiado que el proceso electoral haya comenzado mal.
Las dos principales tenazas que sujetan la actuación del IFE se han mostrado plenas en esta serie simple de despropósitos constitucionales: la deslealtad institucional de los partidos y el protagonismo de los magistrados. Estos últimos han dado prueba sistemática de que son, sin lugar a dudas, la cabeza y la instancia que realmente importa en el proceso electoral: han modificado decisiones del Consejo General de manera sistemática, han emitido órdenes administrativas y de operación que rebasan con creces su ámbito de atribuciones, han dictado sentencias de conformidad con las presiones de la opinión pública y de los partidos, y han dejado claro, ante propios y extraños, que no hay nada ni nadie que se interponga al poder ilimitado de sus decisiones. Después de ellos ya no hay nadie, excepto los partidos que gobiernan el país y de cuyos humores dependemos todos.
El problema es que la vulneración de las reglas del juego establecidas puede dar al traste con el proceso entero y con sus resultados, pues el respeto a esas reglas era la única certeza que teníamos para arribar en paz (en paz política, quiero decir) hasta el desenlace del sexenio. Pero si la mismísima Cámara de Diputados las vulnera así nomás, y si los partidos juegan hasta el límite, mientras el Poder Judicial los avala con la legitimidad de sus poderes, ¿qué nos queda sino invocar la sensatez y el sano juicio de los dirigentes, de los candidatos y de los militantes, con la esperanza de que, a pesar de todo, haya elecciones y se entregue el poder a quien las gane?
Pero con toda sinceridad, no encuentro grandes diferencias entre esta invocación y las que se hacen a los capos criminales, de vez en vez, para que moderen su violencia. Después de todo, se trata de un principio idéntico: de la indefensión absoluta de los ciudadanos ante los excesos impunes de los poderosos.
No es difícil predecir que, de aquí en adelante, veremos estas mismas conductas desleales y arrogantes repetidas una y otra vez. Ya está sucediendo con las precandidaturas y las precampañas, que empezaron mucho antes del proceso electoral y han avanzado contra todas las reglas previstas en la ley sin que pase absolutamente nada. Y lo seguiremos viendo tan pronto como inicien los procesos locales que acompañarán a las elecciones federales. Me temo que lo que nos espera será una verdadera orgía de poderes y de poderosos, mientras el IFE se hace bolas para guardar las formas e instalar casillas. Así celebró ayer su aniversario número 21: mocho y secuestrado.
A partir de esta semana y hasta bien entrado el 2012, el proceso electoral federal irá ganando interés. No sólo el que ya despiertan las candidaturas a la Presidencia --de cuyo seguimiento cotidiano se encarga la prensa desde hace varios meses--, sino el de la organización electoral propiamente dicha, con todas sus dificultades conocidas y sus nuevos desafíos. Y el primero ya quedó clarísimo, apenas comenzando el período electoral: el IFE inicia su tarea con cargas de trabajo adicional y sin contar con un consejo general integrado de conformidad con la Constitución. Pero esto es sólo la punta del iceberg.
El incumplimiento de la Cámara de Diputados --por las razones que hayan sido-- muestra que las reglas del juego son tan vulnerables como el capricho de los dirigentes políticos de México. No importa qué tan rígidas y claras sean las leyes, que de todos modos es posible que los poderosos las incumplan en busca de sus intereses propios. Desde que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvo a bien sentenciar que el Consejo General del IFE podía funcionar con seis consejeros en lugar de nueve --como si la Constitución no dijera con toda precisión que el órgano superior de esa casa se integra de ocho consejeros y un consejero presidente y como si la cifra no tuviera más implicaciones que las que dicta la aritmética--, los partidos recibieron los regalos que querían: el aval de la legalidad ganada como sea y el tiempo necesario para jugar a las vencidas.
Si el alto juicio de los magistrados sentenció que el IFE puede funcionar con seis como si no pasara nada (¿y por qué no con cuatro, o con tres, o con el puro dominio del consejero presidente?); si, por otra parte, el proceso electoral pudo comenzar en regla con el IFE mocho y si el propio IFE afirma que ningún desafío es superior a sus potencias, ¿qué razón práctica cabe invocar para que las cosas vuelvan a la normalidad? La verdad es que a toda esa gente no le importa demasiado que el proceso electoral haya comenzado mal.
Las dos principales tenazas que sujetan la actuación del IFE se han mostrado plenas en esta serie simple de despropósitos constitucionales: la deslealtad institucional de los partidos y el protagonismo de los magistrados. Estos últimos han dado prueba sistemática de que son, sin lugar a dudas, la cabeza y la instancia que realmente importa en el proceso electoral: han modificado decisiones del Consejo General de manera sistemática, han emitido órdenes administrativas y de operación que rebasan con creces su ámbito de atribuciones, han dictado sentencias de conformidad con las presiones de la opinión pública y de los partidos, y han dejado claro, ante propios y extraños, que no hay nada ni nadie que se interponga al poder ilimitado de sus decisiones. Después de ellos ya no hay nadie, excepto los partidos que gobiernan el país y de cuyos humores dependemos todos.
El problema es que la vulneración de las reglas del juego establecidas puede dar al traste con el proceso entero y con sus resultados, pues el respeto a esas reglas era la única certeza que teníamos para arribar en paz (en paz política, quiero decir) hasta el desenlace del sexenio. Pero si la mismísima Cámara de Diputados las vulnera así nomás, y si los partidos juegan hasta el límite, mientras el Poder Judicial los avala con la legitimidad de sus poderes, ¿qué nos queda sino invocar la sensatez y el sano juicio de los dirigentes, de los candidatos y de los militantes, con la esperanza de que, a pesar de todo, haya elecciones y se entregue el poder a quien las gane?
Pero con toda sinceridad, no encuentro grandes diferencias entre esta invocación y las que se hacen a los capos criminales, de vez en vez, para que moderen su violencia. Después de todo, se trata de un principio idéntico: de la indefensión absoluta de los ciudadanos ante los excesos impunes de los poderosos.
No es difícil predecir que, de aquí en adelante, veremos estas mismas conductas desleales y arrogantes repetidas una y otra vez. Ya está sucediendo con las precandidaturas y las precampañas, que empezaron mucho antes del proceso electoral y han avanzado contra todas las reglas previstas en la ley sin que pase absolutamente nada. Y lo seguiremos viendo tan pronto como inicien los procesos locales que acompañarán a las elecciones federales. Me temo que lo que nos espera será una verdadera orgía de poderes y de poderosos, mientras el IFE se hace bolas para guardar las formas e instalar casillas. Así celebró ayer su aniversario número 21: mocho y secuestrado.
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