Dr. Antonio Reyes
La crisis financiera de Estados Unidos obligó a la inyección de recursos públicos a los bancos y otro tipo de empresas, pero también impuso, hasta ahora, dentro de un ambiente de secrecía, costos ilegales de terceros a instituciones con respaldo gubernamental. Ambos casos deben ser considerados para analizar adecuadamente las medidas adoptadas y sus consecuencias.
El rescate bancario que fue implementado ha sido fuertemente criticado desde su inicio, por su difícil justificación pública, su ampliación a otro tipo de empresas, como las automovilísticas, y por el escaso beneficio real brindado a los deudores, especialmente aquellos que adquirieron hipotecas sub-prime (chatarra) y que fueron obligados a entregar sus viviendas a los acreedores.
El rechazo público del rescate bancario fue reconocido en mayo de 2010 por Henry M. Paulson Jr., ex-Secretario del Tesoro, ante la Comisión de Investigación de la Crisis Bancaria al afirmar que “Yo nunca fui capaz de explicar al pueblo americano en una forma que ellos entendieran por que estos rescates eran para ellos y para su beneficio, no para Wall Street”.
El Programa de Ayuda para Activos en Problema (Troubled Asset Relief Program), conocido en inglés como TARP, más comúnmente como de “rescate bancario”, fue puesto en marcha en septiembre de 2008, cuando el mercado de valores se hundió, los mercados de crédito se contrajeron y parecía avecinarse una hecatombe financiera en el mundo. Para el TARP el Congreso autorizó al departamento del Tesoro el uso de $ 700 mil millones de dólares para estabilizar los mercados financieros.
El actual Secretario del Tesoro, Timothy F. Geithner, ha dicho recientemente que el rescate por los $ 700 mil millones de dólares terminará costando a los contribuyentes menos de lo que los analistas del Congreso estimaron de $ 25 mil millones de dólares por el rescate de los bancos, otras instituciones financieras y fabricantes de automóviles. En contraste, en octubre de 2010 el Tesoro había estimado un costo fiscal de $ 50 mil millones de dólares. Dijo el secretario, de manera contundente, que el rescate realizado será una de las más efectivas respuestas de programas de crisis jamás implementados.
Hasta ahora el rescate bancario no ha enfrentado mayor controversia legal y de escrutinio público, amén de que los bancos garantizaron con activos y acciones el pago de intereses y capital. Sin embargo, los bancos también recibieron de la Reserva Federal (FED) préstamos de emergencia a través de la llamada ventana de descuento (discount window) sobre cuyas operaciones han surgido problemas de transparencia y legales
En marzo de 2011, la FED indicó que publicaría detalles acerca de los préstamos de emergencia a los bancos durante 2008, después de que la Suprema Corte rechazó una apelación de secrecía interpuesta por la industria financiera. Con esta decisión, la FED rompe con una política de confidencialidad que se remonta a su establecimiento en 1913. Además la FED ya había sido requerida por el Congreso el año pasado para proporcionar similar información detallada.
En este contexto, la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda (FHFA), encargada de regular a Fannie Mae, Freddie Mac y a 12 Bancos Federales de Préstamo de Casa (Federal Home Loan Banks), demandó el día 2 de septiembre a 17 bancos por valorar erróneamente los títulos hipotecarios que se concedieron en plena burbuja inmobiliaria.
La FHFA fue creada en 2008, en plena crisis de hipotecas sub-prime, para supervisar las problematizadas compañías hipotecarias garantizadas por el gobierno. Fannie Mae, Freddie Mac y los bancos federales patrocinados por el gobierno que proporcionaron más de $ 5.7 billones de dólares de fondeo a los mercados americanos de hipotecas y a las instituciones financieras.
Fannie y Freddie perdieron más de $ 30 mil millones de dólares en parte como resultado de los acuerdos financieros que fueron asumidos mayormente por los contribuyentes. La demanda indica que Fannie y Freddie compraron $ 6 mil millones de dólares en bonos de bancos entre septiembre 2005 y noviembre de 2007. La FHFA indicó que los bancos al empaquetar hipotecas para emitir valores no investigaron adecuadamente la confianza de los contratos hipotecarios y pasaron por alto que los ingresos de muchos prestatarios se habían inflado o falsificado.
La agencia ha demandado a los bancos en términos de la protección de los activos de Fannie y Freddie y del interés de los contribuyentes y busca penas civiles y de daños, de acuerdo a leyes federales en materia de bonos (Securities Act de 1933) y en el derecho común relativo a la venta de bonos garantizadas con hipotecas; acción judicial ya hecha anteriormente contra UBS Americas, Inc. La FHFA alega que los préstamos tuvieron diferente características de riesgo que las descripciones contenidas en el material de mercadeo y venta proporcionado a Fannie y Freddie para esos bonos.
Entre las 17 instituciones demandadas sobresalen grandes bancos de nivel mundial: Bank of America Corporation, Barclays Bank PLC, Citigroup, Inc., Countrywide Financial Corporation, Credit Suisse Holdings, Inc., Deutsche Bank AG, General Electric Company, Goldman Sachs & Co., HSBC North America Holdings, Inc. JPMorgan Chase & Co, Merrill Lynch & Co., Morgan Stanley, Nomura Holding America Inc., The Royal Bank of Scotland, Société Générale.
El problema legal en materia de las hipotecas no acaba con la demanda recientemente dada a conocer. Procuradores de 50 estados se encuentran en la fase final de negociación de acuerdos sobre abusos cometidos por las grandes empresas de servicios de hipotecas, incluyendo Bank of America, JPMorgan and Citigroup. Se está presionando a los bancos a pagar al menos $ 20 mil millones de dólares de ganancias para reducir las hipotecas de propietarios que enfrentan juicios de ejecución mercantil.
Pero también hay litigios entre las propias instituciones financieras. En julio, la aseguradora American International Group (AIG), involucrada en el rescate financiero, presentó una demanda por $ 10 mil millones de dólares contra Bank of America, acusándolo de tergiversar la baja calidad de las hipotecas que garantizaron los bonos que le compró.
Frente a este ambiente legal y de costos que deben ser reconocidos, ejecutivos de la industria dicen que las pérdidas se debieron a la caída de la economía y al mercado de vivienda, no por como las hipotecas fueron realizadas o empaquetadas para su bursatilización y que Fannie y Freddie sabían que no eran sin riesgo. Por otra parte, los inversionistas temen que si los bancos se ven obligados a repagar miles de millones de dólares por hipotecas que resultaron impagables, ello podría minar las ganancias de los bancos por años y contribuir a más pérdidas. Obviamente tal situación podría agudizar el racionamiento crediticio que sufre la problematizada economía estadounidense.
El sistema financiero estadounidense vive un proceso legal y de reconocimiento de pago de muletas que tendrá más repercusiones de las hasta ahora ya aceptadas. Bien se dice que los problemas financieros los arregla el tiempo. Lo que normalmente se omite decir es que tal arreglo debe pasar antes por los acuerdos institucionales y los arreglos legales que les garanticen su permanencia.
El caso del FOBAPROA-IPAP es el ejemplo emblemático de todo lo contrario a lo sucedido en Estados Unidos con el rescate financiero. Para México ha significado falta de transparencia, rendición de cuentas y una deuda pública que hasta la fecha no ha podido ser abatida, sólo se logra pagar sus intereses. Ante los exiguos recursos del fondo de protección para los depósitos y el ahorro bancario, como dijo la entonces Secretaria Ejecutiva del IPAB, ante una Comisión del Senado Mexicano en 2008, “quiera dios no tengamos otra crisis bancaria”.
La crisis financiera de Estados Unidos obligó a la inyección de recursos públicos a los bancos y otro tipo de empresas, pero también impuso, hasta ahora, dentro de un ambiente de secrecía, costos ilegales de terceros a instituciones con respaldo gubernamental. Ambos casos deben ser considerados para analizar adecuadamente las medidas adoptadas y sus consecuencias.
El rescate bancario que fue implementado ha sido fuertemente criticado desde su inicio, por su difícil justificación pública, su ampliación a otro tipo de empresas, como las automovilísticas, y por el escaso beneficio real brindado a los deudores, especialmente aquellos que adquirieron hipotecas sub-prime (chatarra) y que fueron obligados a entregar sus viviendas a los acreedores.
El rechazo público del rescate bancario fue reconocido en mayo de 2010 por Henry M. Paulson Jr., ex-Secretario del Tesoro, ante la Comisión de Investigación de la Crisis Bancaria al afirmar que “Yo nunca fui capaz de explicar al pueblo americano en una forma que ellos entendieran por que estos rescates eran para ellos y para su beneficio, no para Wall Street”.
El Programa de Ayuda para Activos en Problema (Troubled Asset Relief Program), conocido en inglés como TARP, más comúnmente como de “rescate bancario”, fue puesto en marcha en septiembre de 2008, cuando el mercado de valores se hundió, los mercados de crédito se contrajeron y parecía avecinarse una hecatombe financiera en el mundo. Para el TARP el Congreso autorizó al departamento del Tesoro el uso de $ 700 mil millones de dólares para estabilizar los mercados financieros.
El actual Secretario del Tesoro, Timothy F. Geithner, ha dicho recientemente que el rescate por los $ 700 mil millones de dólares terminará costando a los contribuyentes menos de lo que los analistas del Congreso estimaron de $ 25 mil millones de dólares por el rescate de los bancos, otras instituciones financieras y fabricantes de automóviles. En contraste, en octubre de 2010 el Tesoro había estimado un costo fiscal de $ 50 mil millones de dólares. Dijo el secretario, de manera contundente, que el rescate realizado será una de las más efectivas respuestas de programas de crisis jamás implementados.
Hasta ahora el rescate bancario no ha enfrentado mayor controversia legal y de escrutinio público, amén de que los bancos garantizaron con activos y acciones el pago de intereses y capital. Sin embargo, los bancos también recibieron de la Reserva Federal (FED) préstamos de emergencia a través de la llamada ventana de descuento (discount window) sobre cuyas operaciones han surgido problemas de transparencia y legales
En marzo de 2011, la FED indicó que publicaría detalles acerca de los préstamos de emergencia a los bancos durante 2008, después de que la Suprema Corte rechazó una apelación de secrecía interpuesta por la industria financiera. Con esta decisión, la FED rompe con una política de confidencialidad que se remonta a su establecimiento en 1913. Además la FED ya había sido requerida por el Congreso el año pasado para proporcionar similar información detallada.
En este contexto, la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda (FHFA), encargada de regular a Fannie Mae, Freddie Mac y a 12 Bancos Federales de Préstamo de Casa (Federal Home Loan Banks), demandó el día 2 de septiembre a 17 bancos por valorar erróneamente los títulos hipotecarios que se concedieron en plena burbuja inmobiliaria.
La FHFA fue creada en 2008, en plena crisis de hipotecas sub-prime, para supervisar las problematizadas compañías hipotecarias garantizadas por el gobierno. Fannie Mae, Freddie Mac y los bancos federales patrocinados por el gobierno que proporcionaron más de $ 5.7 billones de dólares de fondeo a los mercados americanos de hipotecas y a las instituciones financieras.
Fannie y Freddie perdieron más de $ 30 mil millones de dólares en parte como resultado de los acuerdos financieros que fueron asumidos mayormente por los contribuyentes. La demanda indica que Fannie y Freddie compraron $ 6 mil millones de dólares en bonos de bancos entre septiembre 2005 y noviembre de 2007. La FHFA indicó que los bancos al empaquetar hipotecas para emitir valores no investigaron adecuadamente la confianza de los contratos hipotecarios y pasaron por alto que los ingresos de muchos prestatarios se habían inflado o falsificado.
La agencia ha demandado a los bancos en términos de la protección de los activos de Fannie y Freddie y del interés de los contribuyentes y busca penas civiles y de daños, de acuerdo a leyes federales en materia de bonos (Securities Act de 1933) y en el derecho común relativo a la venta de bonos garantizadas con hipotecas; acción judicial ya hecha anteriormente contra UBS Americas, Inc. La FHFA alega que los préstamos tuvieron diferente características de riesgo que las descripciones contenidas en el material de mercadeo y venta proporcionado a Fannie y Freddie para esos bonos.
Entre las 17 instituciones demandadas sobresalen grandes bancos de nivel mundial: Bank of America Corporation, Barclays Bank PLC, Citigroup, Inc., Countrywide Financial Corporation, Credit Suisse Holdings, Inc., Deutsche Bank AG, General Electric Company, Goldman Sachs & Co., HSBC North America Holdings, Inc. JPMorgan Chase & Co, Merrill Lynch & Co., Morgan Stanley, Nomura Holding America Inc., The Royal Bank of Scotland, Société Générale.
El problema legal en materia de las hipotecas no acaba con la demanda recientemente dada a conocer. Procuradores de 50 estados se encuentran en la fase final de negociación de acuerdos sobre abusos cometidos por las grandes empresas de servicios de hipotecas, incluyendo Bank of America, JPMorgan and Citigroup. Se está presionando a los bancos a pagar al menos $ 20 mil millones de dólares de ganancias para reducir las hipotecas de propietarios que enfrentan juicios de ejecución mercantil.
Pero también hay litigios entre las propias instituciones financieras. En julio, la aseguradora American International Group (AIG), involucrada en el rescate financiero, presentó una demanda por $ 10 mil millones de dólares contra Bank of America, acusándolo de tergiversar la baja calidad de las hipotecas que garantizaron los bonos que le compró.
Frente a este ambiente legal y de costos que deben ser reconocidos, ejecutivos de la industria dicen que las pérdidas se debieron a la caída de la economía y al mercado de vivienda, no por como las hipotecas fueron realizadas o empaquetadas para su bursatilización y que Fannie y Freddie sabían que no eran sin riesgo. Por otra parte, los inversionistas temen que si los bancos se ven obligados a repagar miles de millones de dólares por hipotecas que resultaron impagables, ello podría minar las ganancias de los bancos por años y contribuir a más pérdidas. Obviamente tal situación podría agudizar el racionamiento crediticio que sufre la problematizada economía estadounidense.
El sistema financiero estadounidense vive un proceso legal y de reconocimiento de pago de muletas que tendrá más repercusiones de las hasta ahora ya aceptadas. Bien se dice que los problemas financieros los arregla el tiempo. Lo que normalmente se omite decir es que tal arreglo debe pasar antes por los acuerdos institucionales y los arreglos legales que les garanticen su permanencia.
El caso del FOBAPROA-IPAP es el ejemplo emblemático de todo lo contrario a lo sucedido en Estados Unidos con el rescate financiero. Para México ha significado falta de transparencia, rendición de cuentas y una deuda pública que hasta la fecha no ha podido ser abatida, sólo se logra pagar sus intereses. Ante los exiguos recursos del fondo de protección para los depósitos y el ahorro bancario, como dijo la entonces Secretaria Ejecutiva del IPAB, ante una Comisión del Senado Mexicano en 2008, “quiera dios no tengamos otra crisis bancaria”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario