David Ibarra / El Universal
A la memoria de Jorge Leipen
El Sistema Tributario Nacional es producto híbrido de la historia y las inclinaciones de los dueños de las ideologías dominantes. En rigor, esos regímenes son producto de acomodos sucesivos entre visiones políticas e intereses, más que responder a verdades económicas. En México, los primeros gobiernos revolucionarios emprendieron el cambio de las fuentes recaudatorias para atenuar la dependencia del comercio exterior y de empréstitos foráneos leoninos. Trataban de impulsar el crecimiento industrial y alterar la distribución del ingreso para satisfacer objetivos sociales igualitarios. Con esos propósitos se expide una sucesión de leyes: el Impuesto del Centenario (1921), ISR (1924), el gravamen sobre dividendos (1941), el Impuesto de Utilidades Excedentes (1948), el Impuesto sobre Ingresos Mercantiles (1948).
Al afianzarse la estrategia de desarrollo industrial y adentrarse el país en la prosperidad, el activismo tributario se redujo en consonancia con el acrecentamiento de las recaudaciones hasta producir el añorado “desarrollo estabilizador” de los 60. Con todo, a fines de los 70, se aumenta la reforma fiscal pospuesta. Por sus características menos regresivas, se establece el IVA en sustitución del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, se crea una bolsa común de impuestos entre Federación, estados y municipios, como arma contraria a la discrecionalidad federal anterior en el reparto de los ingresos públicos y a favor de la simplificación administrativa al suprimirse cientos de gravámenes locales y más de 30 de orden federal.
Así se pudo contar con un régimen progresivo de impuestos directos y con un sistema moderno de impuestos indirectos. El Estado dispuso, aunque fuese momentáneamente, con el respaldo de tributos congruentes con sus crecientes responsabilidades sociales y con el modelo económico desarrollista establecido.
En los 80 comienza el cambio inverso. Se da paso a la ideología librecambista que favorece los intereses empresariales cortoplacistas pero bloquea la construcción de un Estado con autonomía fiscal. Se abre la economía al mundo sin programas de reconversión industrial y se suprimen las tarifas al comercio exterior y otros instrumentos fiscales del proteccionismo. Al poco andar se comienzan a desgravar los impuestos directos a las personas físicas y a las empresas, precisamente cuando aún no se salía de la década perdida de los 80. La debilidad fiscal resultante no puede ser compensada con el IVA, aun con la difícil alza en su tasa.
Más aún la estrategia de desarrollo hacia fuera no sólo desplazó a la industria como fuente de desarrollo y fuente recaudatoria, sino que la sustituyó por la maquila como actividad central de la estrategia exportadora. No se percibió que el nuevo sector impulsor del crecimiento quedaba asentado en un régimen tributario privilegiado que poco fortalece mercado interno, manufacturas e ingresos tributarios.
Vista en conjunto la adaptación impositiva a la globalización, fue prematura, llevó a privar al Estado de ingresos antes de haber medio construido las nuevas fuentes tributarias.
De ahí en adelante, el encogimiento dinámico de los ingresos tributarios se compensó imperfectamente por vías heterodoxas, deformadoras del sistema impositivo a fin de dejar intocados los ingresos de los pudientes. Un alivio fiscal transitorio provino de la privatización de empresas públicas en los años 90, enturbiado por el costo del rescate bancario del Fobaproa. Con todo, el mecanismo fundamental de compensación de la insuficiencia tributaria, consistió y consiste en la transferencia masiva de los ingresos petroleros al fisco. Pemex ha quedado sujeto a un régimen expoliatorio que le ahoga al obligarle a pagar bastante más del 100% de sus utilidades anuales, aún hoy en día.
El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se usa menos con fines recaudatorios que antiinflacionarios. Desde luego, se han venido elevando los gravámenes a las bebidas alcohólicas y al tabaco. Pero el grueso de la carga fiscal o de los subsidios se encamina a eliminar el impacto de los fluctuantes precios internacionales del diesel y gasolinas en la inflación interna. Por eso pasó de ser gravamen positivo y alto de 2.1% del producto en 2000 a una cifra negativa (subvención) de 1.4% también del producto en 2008.
El IEPS, el IETU, el Impuesto a los Depósitos en Efectivo, no han tenido el impacto recaudatorio necesario para enderezar las finanzas públicas pero han contribuido a deformarlas. Quizás aporte algo el alza reciente de 1% del IVA y de las tasas máximas del ISR a las personas de 28% a 30%, pero aún se está lejos de solucionar las dificultades.
En 2009, los ingresos tributarios del gobierno alcanzaron 9.5% del producto o 16.9%, si se incluyen transferencias petroleras y otras partidas. En países desarrollados y aun en América Latina, los gravámenes son mayores. El promedio tributario de la OCDE (2007) se sitúa en 36% del producto, alcanzando cifras mayores en naciones como Suecia (49%), Noruega (44%) y Francia (44%). Lo mismo pasa con países latinoamericanos: Brasil (34%), Argentina (28%), Chile (24%)...
La baja tributación no sólo se da en las cifras agregadas, se reproduce en las distintas categorías de los gravámenes. La carga tributaria total en México es 2.6 veces menor a la del promedio de la OCDE, la correspondiente a impuestos directos, 2.8 veces inferior y la de gravámenes indirectos, 2.4 veces más pequeña. Por eso se dice que constituimos el paraíso fiscal del estancamiento. La generalización del IVA en que tantas esperanzas ha puesto el conservadurismo nacional, apenas aportaría 1% del producto, sin sacarnos del embrollo.
El sistema impositivo es una de las más graves fallas de la economía. Los bajos niveles de tributación y sus distorsiones estorban al crecimiento y limitan la política social. El gobierno no puede impulsar la inversión y, en la crisis, no instrumenta políticas contracíclicas. Y, sin embargo, dada la aversión instintiva a tributar, es fácil inhibir cualquier cambio de fondo y caer en el atolladero político del dilema del huevo y la gallina: “¿qué va primero, aprender a gastar bien o cobrar más impuestos?”. Ahí quedamos inmóviles o retrocediendo.
Analista político
El Sistema Tributario Nacional es producto híbrido de la historia y las inclinaciones de los dueños de las ideologías dominantes. En rigor, esos regímenes son producto de acomodos sucesivos entre visiones políticas e intereses, más que responder a verdades económicas. En México, los primeros gobiernos revolucionarios emprendieron el cambio de las fuentes recaudatorias para atenuar la dependencia del comercio exterior y de empréstitos foráneos leoninos. Trataban de impulsar el crecimiento industrial y alterar la distribución del ingreso para satisfacer objetivos sociales igualitarios. Con esos propósitos se expide una sucesión de leyes: el Impuesto del Centenario (1921), ISR (1924), el gravamen sobre dividendos (1941), el Impuesto de Utilidades Excedentes (1948), el Impuesto sobre Ingresos Mercantiles (1948).
Al afianzarse la estrategia de desarrollo industrial y adentrarse el país en la prosperidad, el activismo tributario se redujo en consonancia con el acrecentamiento de las recaudaciones hasta producir el añorado “desarrollo estabilizador” de los 60. Con todo, a fines de los 70, se aumenta la reforma fiscal pospuesta. Por sus características menos regresivas, se establece el IVA en sustitución del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, se crea una bolsa común de impuestos entre Federación, estados y municipios, como arma contraria a la discrecionalidad federal anterior en el reparto de los ingresos públicos y a favor de la simplificación administrativa al suprimirse cientos de gravámenes locales y más de 30 de orden federal.
Así se pudo contar con un régimen progresivo de impuestos directos y con un sistema moderno de impuestos indirectos. El Estado dispuso, aunque fuese momentáneamente, con el respaldo de tributos congruentes con sus crecientes responsabilidades sociales y con el modelo económico desarrollista establecido.
En los 80 comienza el cambio inverso. Se da paso a la ideología librecambista que favorece los intereses empresariales cortoplacistas pero bloquea la construcción de un Estado con autonomía fiscal. Se abre la economía al mundo sin programas de reconversión industrial y se suprimen las tarifas al comercio exterior y otros instrumentos fiscales del proteccionismo. Al poco andar se comienzan a desgravar los impuestos directos a las personas físicas y a las empresas, precisamente cuando aún no se salía de la década perdida de los 80. La debilidad fiscal resultante no puede ser compensada con el IVA, aun con la difícil alza en su tasa.
Más aún la estrategia de desarrollo hacia fuera no sólo desplazó a la industria como fuente de desarrollo y fuente recaudatoria, sino que la sustituyó por la maquila como actividad central de la estrategia exportadora. No se percibió que el nuevo sector impulsor del crecimiento quedaba asentado en un régimen tributario privilegiado que poco fortalece mercado interno, manufacturas e ingresos tributarios.
Vista en conjunto la adaptación impositiva a la globalización, fue prematura, llevó a privar al Estado de ingresos antes de haber medio construido las nuevas fuentes tributarias.
De ahí en adelante, el encogimiento dinámico de los ingresos tributarios se compensó imperfectamente por vías heterodoxas, deformadoras del sistema impositivo a fin de dejar intocados los ingresos de los pudientes. Un alivio fiscal transitorio provino de la privatización de empresas públicas en los años 90, enturbiado por el costo del rescate bancario del Fobaproa. Con todo, el mecanismo fundamental de compensación de la insuficiencia tributaria, consistió y consiste en la transferencia masiva de los ingresos petroleros al fisco. Pemex ha quedado sujeto a un régimen expoliatorio que le ahoga al obligarle a pagar bastante más del 100% de sus utilidades anuales, aún hoy en día.
El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se usa menos con fines recaudatorios que antiinflacionarios. Desde luego, se han venido elevando los gravámenes a las bebidas alcohólicas y al tabaco. Pero el grueso de la carga fiscal o de los subsidios se encamina a eliminar el impacto de los fluctuantes precios internacionales del diesel y gasolinas en la inflación interna. Por eso pasó de ser gravamen positivo y alto de 2.1% del producto en 2000 a una cifra negativa (subvención) de 1.4% también del producto en 2008.
El IEPS, el IETU, el Impuesto a los Depósitos en Efectivo, no han tenido el impacto recaudatorio necesario para enderezar las finanzas públicas pero han contribuido a deformarlas. Quizás aporte algo el alza reciente de 1% del IVA y de las tasas máximas del ISR a las personas de 28% a 30%, pero aún se está lejos de solucionar las dificultades.
En 2009, los ingresos tributarios del gobierno alcanzaron 9.5% del producto o 16.9%, si se incluyen transferencias petroleras y otras partidas. En países desarrollados y aun en América Latina, los gravámenes son mayores. El promedio tributario de la OCDE (2007) se sitúa en 36% del producto, alcanzando cifras mayores en naciones como Suecia (49%), Noruega (44%) y Francia (44%). Lo mismo pasa con países latinoamericanos: Brasil (34%), Argentina (28%), Chile (24%)...
La baja tributación no sólo se da en las cifras agregadas, se reproduce en las distintas categorías de los gravámenes. La carga tributaria total en México es 2.6 veces menor a la del promedio de la OCDE, la correspondiente a impuestos directos, 2.8 veces inferior y la de gravámenes indirectos, 2.4 veces más pequeña. Por eso se dice que constituimos el paraíso fiscal del estancamiento. La generalización del IVA en que tantas esperanzas ha puesto el conservadurismo nacional, apenas aportaría 1% del producto, sin sacarnos del embrollo.
El sistema impositivo es una de las más graves fallas de la economía. Los bajos niveles de tributación y sus distorsiones estorban al crecimiento y limitan la política social. El gobierno no puede impulsar la inversión y, en la crisis, no instrumenta políticas contracíclicas. Y, sin embargo, dada la aversión instintiva a tributar, es fácil inhibir cualquier cambio de fondo y caer en el atolladero político del dilema del huevo y la gallina: “¿qué va primero, aprender a gastar bien o cobrar más impuestos?”. Ahí quedamos inmóviles o retrocediendo.
Analista político
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