Jorge Chabat / El Universal
Hace un par de semanas participé en una de las reuniones de los llamados “Diálogos por la Seguridad”, convocados por la Secretaría de Gobernación, en los cuales el presidente Calderón ha discutido con varios sectores de la sociedad su estrategia de combate a la delincuencia. En dicha reunión varios de los que asistimos planteamos la necesidad de que el gobierno gane la batalla de la opinión pública si quiere ganar la otra batalla: la de la seguridad. En este punto, hay que señalar que el gobierno ha reconocido que ha habido fallas en la comunicación, que no se ha logrado transmitir a la población “información sistemática, oportuna y relevante”, lo cual sin duda ha sido parte del problema. Tampoco ha existido una explicación de los hechos, una “narrativa”. Por ello, cada quien acomoda como puede o como quiere la poca o mucha información que existe. Ha faltado claridad en las metas de la guerra contra la delincuencia, lo cual permitiría evaluar si se va “ganando” o “perdiendo” dicha guerra. En fin, sin duda ha habido una seria deficiencia por parte del gobierno en ese aspecto. El problema, sin embargo, va más allá. No sólo la información es confusa, incompleta, poco oportuna y carente de explicación, sino que hay acontecimientos que el gobierno no explica ni aclara y que, al parecer, también encubre, como es el caso de la información sobre algunas lamentables muertes de civiles ocurridas al calor del combate al narcotráfico. Esa es al menos la denuncia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la muerte de los niños Brian y Martín Almanza ocurrida en un retén militar en Tamaulipas y la de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado, quienes murieron fuera de las instalaciones de esa institución educativa. En ambos casos existe evidencia que sugiere la manipulación de la escena del crimen y una probable responsabilidad de parte de miembros de las fuerzas armadas. El mismo rector del Tecnológico de Monterrey, Rafael Rangel Sostmann, se lamentaba hace unos días del encubrimiento por parte de las autoridades.
Nadie sensato es ajeno a la dificultad que entraña combatir a la delincuencia organizada en México. Nadie sensato ignora el riesgo que corren los miembros de nuestras policías y fuerzas armadas en este combate y la gran presión a la que están sujetos. Nadie sensato tampoco desconoce que en una guerra de estas características pueden ocurrir errores por parte de quienes buscan aplicar la ley. Eso pasa en todo el mundo. Y tampoco nadie desconoce que la gran mayoría de nuestros policías y soldados cumplen con su deber en situaciones particularmente difíciles. Tampoco creo que haya nadie con un mínimo de sentido común que piense que existe una política de parte de las fuerzas policiacas o militares para atacar a la población. Eso claramente no es cierto. No hay, en ese sentido, una guerra contra la población civil. El combate es contra los delincuentes. Lamentablemente, en esta guerra los criminales no llevan un uniforme que los distinga del ciudadano común y corriente y es por ello que se presentan errores en los cuales los ciudadanos son víctimas. Ello pasa en todos lados. No obstante, lo que no es tan común y es a todas luces inaceptable en un Estado de derecho es que no se investigue con claridad lo ocurrido en estos casos y se deslinden responsabilidades. El no hacer eso significa perder a la opinión pública. Cada caso de afectación a los derechos humanos que quede sin investigar y aclarar hasta sus últimas consecuencias no ayuda ni al gobierno, ni al ejército, ni al combate a la delincuencia. No se trata de condenar a ninguna institución y mucho menos al Ejército, que históricamente siempre ha actuado con gran responsabilidad. Tampoco se trata de no procurar la seguridad de los ciudadanos. De lo que se trata simplemente es de que el combate al crimen organizado pase por el absoluto apego a la legalidad, la procuración de la justicia y la protección de las garantías individuales, como apuntara ayer el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Guillermo Ortiz Mayagoitia. Si el gobierno mexicano no es capaz de hacer eso, mejor que se olvide del combate a la delincuencia. Esa guerra no la va a ganar, simplemente porque habrá perdido el soporte de toda acción estatal: el apoyo de los ciudadanos.
Hace un par de semanas participé en una de las reuniones de los llamados “Diálogos por la Seguridad”, convocados por la Secretaría de Gobernación, en los cuales el presidente Calderón ha discutido con varios sectores de la sociedad su estrategia de combate a la delincuencia. En dicha reunión varios de los que asistimos planteamos la necesidad de que el gobierno gane la batalla de la opinión pública si quiere ganar la otra batalla: la de la seguridad. En este punto, hay que señalar que el gobierno ha reconocido que ha habido fallas en la comunicación, que no se ha logrado transmitir a la población “información sistemática, oportuna y relevante”, lo cual sin duda ha sido parte del problema. Tampoco ha existido una explicación de los hechos, una “narrativa”. Por ello, cada quien acomoda como puede o como quiere la poca o mucha información que existe. Ha faltado claridad en las metas de la guerra contra la delincuencia, lo cual permitiría evaluar si se va “ganando” o “perdiendo” dicha guerra. En fin, sin duda ha habido una seria deficiencia por parte del gobierno en ese aspecto. El problema, sin embargo, va más allá. No sólo la información es confusa, incompleta, poco oportuna y carente de explicación, sino que hay acontecimientos que el gobierno no explica ni aclara y que, al parecer, también encubre, como es el caso de la información sobre algunas lamentables muertes de civiles ocurridas al calor del combate al narcotráfico. Esa es al menos la denuncia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la muerte de los niños Brian y Martín Almanza ocurrida en un retén militar en Tamaulipas y la de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado, quienes murieron fuera de las instalaciones de esa institución educativa. En ambos casos existe evidencia que sugiere la manipulación de la escena del crimen y una probable responsabilidad de parte de miembros de las fuerzas armadas. El mismo rector del Tecnológico de Monterrey, Rafael Rangel Sostmann, se lamentaba hace unos días del encubrimiento por parte de las autoridades.
Nadie sensato es ajeno a la dificultad que entraña combatir a la delincuencia organizada en México. Nadie sensato ignora el riesgo que corren los miembros de nuestras policías y fuerzas armadas en este combate y la gran presión a la que están sujetos. Nadie sensato tampoco desconoce que en una guerra de estas características pueden ocurrir errores por parte de quienes buscan aplicar la ley. Eso pasa en todo el mundo. Y tampoco nadie desconoce que la gran mayoría de nuestros policías y soldados cumplen con su deber en situaciones particularmente difíciles. Tampoco creo que haya nadie con un mínimo de sentido común que piense que existe una política de parte de las fuerzas policiacas o militares para atacar a la población. Eso claramente no es cierto. No hay, en ese sentido, una guerra contra la población civil. El combate es contra los delincuentes. Lamentablemente, en esta guerra los criminales no llevan un uniforme que los distinga del ciudadano común y corriente y es por ello que se presentan errores en los cuales los ciudadanos son víctimas. Ello pasa en todos lados. No obstante, lo que no es tan común y es a todas luces inaceptable en un Estado de derecho es que no se investigue con claridad lo ocurrido en estos casos y se deslinden responsabilidades. El no hacer eso significa perder a la opinión pública. Cada caso de afectación a los derechos humanos que quede sin investigar y aclarar hasta sus últimas consecuencias no ayuda ni al gobierno, ni al ejército, ni al combate a la delincuencia. No se trata de condenar a ninguna institución y mucho menos al Ejército, que históricamente siempre ha actuado con gran responsabilidad. Tampoco se trata de no procurar la seguridad de los ciudadanos. De lo que se trata simplemente es de que el combate al crimen organizado pase por el absoluto apego a la legalidad, la procuración de la justicia y la protección de las garantías individuales, como apuntara ayer el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Guillermo Ortiz Mayagoitia. Si el gobierno mexicano no es capaz de hacer eso, mejor que se olvide del combate a la delincuencia. Esa guerra no la va a ganar, simplemente porque habrá perdido el soporte de toda acción estatal: el apoyo de los ciudadanos.
Analista político e investigador del CIDE
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