Francisco Valdés U./ El Universal
El próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión será el último en que podrá legislar sin una cercanía drástica del proceso electoral de 2012. Luego vendrán las elecciones en el estado de México y los alineamientos por la elección presidencial con sus secuelas de chantajes mediáticos y arrinconamiento al ciudadano y a sus potenciales representantes genuinos.
Será un buen momento para que la Legislatura haga los ajustes más importantes que requiere nuestro sistema político antes de llegar a la elección de 2012 con una nave más averiada y con la tripulación amotinada en guerra de todos contra todos.
Hay muchos puntos de entrada para explicar la compleja y delicada situación que actualmente guarda el país. Y los más serios no son, como algunos hacen creer, la supuestamente fallida guerra contra la delincuencia organizada o la crisis económica. Sin duda, la violencia y la situación económica son asuntos relevantes. Pero el punto central, el pivote de la situación general, es la debilidad del Estado.
Este es el punto más importante al que debiera abocarse la Legislatura y dejar fuera, en la medida de lo posible, asuntos contingentes y de menor importancia.
El problema fiscal. Después de la infamia del Fobaproa, las finanzas públicas quedaron desvencijadas. No hay dinero suficiente para educación, salud, combate a la pobreza, infraestructura básica y seguridad. Es decir, no hay modo de que el Estado cumpla su obligación de procurar los mínimos de bienestar social a los que está obligado. A pesar de los esfuerzos (magros, por cierto), por mejorar los ingresos del Estado, los resultados no son significativos. Claro que la situación podría ser peor, pero eso es consuelo de tontos. México sigue distinguiéndose como el país de la OECD, a la que pertenece, que menos recauda, y es uno de los que en el mundo y en comparaciones con otras economías de su tamaño recauda menores proporciones del PIB. Esto no puede seguir así. Se sabe que los regímenes de excepción fiscal que favorecen a las grandes empresas siguen vigentes, como lo siguen estando las disposiciones que, contra la Constitución, hacen posible la presencia de monopolios que producen una concentración inaudita de la riqueza más allá de toda racionalidad y razonabilidad y exponen a la República a conflictos distributivos de gran magnitud.
La organización del sistema político y el Estado. Desde que abandonamos las tradiciones electorales del autoritarismo. Es decir, la hegemonía de un solo partido y la disuasión o destrucción sistemática de alternativas de representación política desde el gobierno, entramos en una vorágine de contradicciones entre la institución fundamental del sufragio efectivo y la permanencia de instituciones autoritarias e ineficientes para el ejercicio del poder político. Presidencia debilitada y, a la vez, hipertrofiada en sus responsabilidades y atribuciones. Congreso empoderado pero sin orientación política y sin estructura para los acuerdos fundamentales en la construcción de la República.
Gobernadores poderosísimos con legislaturas estatales débiles y municipios raquíticos, que son capaces de disputar con la Federación en forma corporativa en un continuo estira y afloja por los recursos ¡que recauda la Federación!
Un sistema judicial y policiaco corrompido hasta la médula, como lo reconocen algunos de los principales funcionarios a cargo, que en lugar de brindar confianza a la sociedad, le induce miedo; y no es el temor debido al transgresor de la ley, sino al que la cumple. Y la justicia para todos… ¡bien gracias!
Un sistema de partidos que replicó especularmente la tradición oligárquica del poder en México: concentran el monopolio de las candidaturas, alejan al ciudadano de la participación política, ejercen la pedagogía del cinismo contra el civismo, y devoran pantagruélicamente recursos públicos que van a parar a manos privadas con el supuesto fin de difundir sus “programas” en la ciudadanía. Su voracidad llega al grado de amenazar las instituciones que los regulan: al IFE y al Tribunal Electoral. Si esto pasa con los partidos a nivel nacional, el espectáculo en las entidades federativas es, simplemente, grotesco.
El sistema de rendición de cuentas. Este simplemente no existe; no ha sido creado.
En las épocas del autoritarismo, el panorama era distinto porque había una organización vertical del poder que premiaba o castigaba de acuerdo con el apego del subordinado a los mandatos del “sistema”, pero no porque hubiera una “república”. Al descentralizar el poder mediante el voto libre pulverizamos esos mecanismos de coordinación central y vertical, pero no los reemplazamos con otros.
Detrás de los problemas que parecen irremontables, como la violencia, la corrupción y la voluntad de poder por el poder está la debilidad del Estado. Sus dos principales flaquezas son la fiscal y la política. Antes de que sea demasiado tarde, la Legislatura debería hacer frente a ambas como su imperativo fundamental.
Director de la FLACSO-México
El próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión será el último en que podrá legislar sin una cercanía drástica del proceso electoral de 2012. Luego vendrán las elecciones en el estado de México y los alineamientos por la elección presidencial con sus secuelas de chantajes mediáticos y arrinconamiento al ciudadano y a sus potenciales representantes genuinos.
Será un buen momento para que la Legislatura haga los ajustes más importantes que requiere nuestro sistema político antes de llegar a la elección de 2012 con una nave más averiada y con la tripulación amotinada en guerra de todos contra todos.
Hay muchos puntos de entrada para explicar la compleja y delicada situación que actualmente guarda el país. Y los más serios no son, como algunos hacen creer, la supuestamente fallida guerra contra la delincuencia organizada o la crisis económica. Sin duda, la violencia y la situación económica son asuntos relevantes. Pero el punto central, el pivote de la situación general, es la debilidad del Estado.
Este es el punto más importante al que debiera abocarse la Legislatura y dejar fuera, en la medida de lo posible, asuntos contingentes y de menor importancia.
El problema fiscal. Después de la infamia del Fobaproa, las finanzas públicas quedaron desvencijadas. No hay dinero suficiente para educación, salud, combate a la pobreza, infraestructura básica y seguridad. Es decir, no hay modo de que el Estado cumpla su obligación de procurar los mínimos de bienestar social a los que está obligado. A pesar de los esfuerzos (magros, por cierto), por mejorar los ingresos del Estado, los resultados no son significativos. Claro que la situación podría ser peor, pero eso es consuelo de tontos. México sigue distinguiéndose como el país de la OECD, a la que pertenece, que menos recauda, y es uno de los que en el mundo y en comparaciones con otras economías de su tamaño recauda menores proporciones del PIB. Esto no puede seguir así. Se sabe que los regímenes de excepción fiscal que favorecen a las grandes empresas siguen vigentes, como lo siguen estando las disposiciones que, contra la Constitución, hacen posible la presencia de monopolios que producen una concentración inaudita de la riqueza más allá de toda racionalidad y razonabilidad y exponen a la República a conflictos distributivos de gran magnitud.
La organización del sistema político y el Estado. Desde que abandonamos las tradiciones electorales del autoritarismo. Es decir, la hegemonía de un solo partido y la disuasión o destrucción sistemática de alternativas de representación política desde el gobierno, entramos en una vorágine de contradicciones entre la institución fundamental del sufragio efectivo y la permanencia de instituciones autoritarias e ineficientes para el ejercicio del poder político. Presidencia debilitada y, a la vez, hipertrofiada en sus responsabilidades y atribuciones. Congreso empoderado pero sin orientación política y sin estructura para los acuerdos fundamentales en la construcción de la República.
Gobernadores poderosísimos con legislaturas estatales débiles y municipios raquíticos, que son capaces de disputar con la Federación en forma corporativa en un continuo estira y afloja por los recursos ¡que recauda la Federación!
Un sistema judicial y policiaco corrompido hasta la médula, como lo reconocen algunos de los principales funcionarios a cargo, que en lugar de brindar confianza a la sociedad, le induce miedo; y no es el temor debido al transgresor de la ley, sino al que la cumple. Y la justicia para todos… ¡bien gracias!
Un sistema de partidos que replicó especularmente la tradición oligárquica del poder en México: concentran el monopolio de las candidaturas, alejan al ciudadano de la participación política, ejercen la pedagogía del cinismo contra el civismo, y devoran pantagruélicamente recursos públicos que van a parar a manos privadas con el supuesto fin de difundir sus “programas” en la ciudadanía. Su voracidad llega al grado de amenazar las instituciones que los regulan: al IFE y al Tribunal Electoral. Si esto pasa con los partidos a nivel nacional, el espectáculo en las entidades federativas es, simplemente, grotesco.
El sistema de rendición de cuentas. Este simplemente no existe; no ha sido creado.
En las épocas del autoritarismo, el panorama era distinto porque había una organización vertical del poder que premiaba o castigaba de acuerdo con el apego del subordinado a los mandatos del “sistema”, pero no porque hubiera una “república”. Al descentralizar el poder mediante el voto libre pulverizamos esos mecanismos de coordinación central y vertical, pero no los reemplazamos con otros.
Detrás de los problemas que parecen irremontables, como la violencia, la corrupción y la voluntad de poder por el poder está la debilidad del Estado. Sus dos principales flaquezas son la fiscal y la política. Antes de que sea demasiado tarde, la Legislatura debería hacer frente a ambas como su imperativo fundamental.
Director de la FLACSO-México
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