Jorge Triana - El Siglo de Torreón
Ahora también es la Organización de las Naciones Unidas. El gobierno ya no solo pelea con la oposición, con la prensa crítica, con organizaciones no gubernamentales o con cualquiera que lo cuestione. Ahora decidió que un organismo internacional que documenta desapariciones es parte del problema. No porque esté equivocado, sino porque se atrevió a decir lo que aquí llevan años intentando ocultar.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU advierte que en México existen indicios de desapariciones que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, activa un mecanismo excepcional y la reacción del gobierno no es revisar, corregir o asumir. Es negar, desacreditar y victimizarse. Como si el problema fuera el informe y no los miles de personas que siguen sin aparecer.
El documento no aborda desapariciones en general. Analiza desapariciones forzadas, aquellas en las que hay participación del Estado o al menos tolerancia, apoyo o complicidad de autoridades. Ese es el punto que al gobierno le duele. Muchas desapariciones están vinculadas al crimen organizado, pero la ONU sostiene que hay patrones donde esa violencia solo podría ocurrir con permiso, omisión o colusión del Estado. En ese momento deja de ser solo crimen y se convierte en responsabilidad gubernamental.
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