Carlos Ramírez - El Independiente
En febrero de 1971, el presidente Luis Echeverría Álvarez recibió un informe escrito que revelaba que la embajada de la Unión Soviética en México y sobre todo la Estación del KGB (oficina de espionaje) estaban interviniendo en política nacional y aparecían detrás del entrenamiento a jóvenes guerrilleros mexicanos. De manera contundente, el gobierno mexicano regresó a su embajador en Moscú, expulsó a cinco diplomáticos de la embajada rusa, entre ellos al legendario Oleg Netchiporenko, y cerró la sección del KGB.
En aquel entonces no existía ninguna ley de seguridad nacional de México, e inclusive los enfoques en esa materia respondían más a la lógica de los intereses de la guerra fría estadounidense. Pero los reportes del grupo de investigación presidencial fueron contundentes en la presentación de pruebas de que la agencia de espionaje de la URSS estaba operando con impunidad en territorio mexicano para entrenar a grupos de la guerrilla que causaban problemas y destrozos hasta que fueron liquidados por la Brigada Blanca.
El gobierno mexicano actual se encontró con la sorpresa –producto de un accidente automovilístico inesperado– de que cuatro agentes de la CIA habían participado en un operativo estatal en Chihuahua para destruir narcolaboratorios. El problema real fue que la actual Ley de Seguridad Nacional, en su Título Séptimo, Capítulo I, obliga a las agencias extranjeras –pero de manera concreta a la CIA, la DEA y el FBI– a registrar a todo su personal y que cualquier participación en actividades dentro de México debiera ser reportada al gobierno México.
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