Por: Alberto Aguirre -El Economista
La llegada de la Cuarta Transformación significó un vuelco negativo para el sector asegurador en México. Un cambio en el criterio en el cobro del IVA en la contratación de pólizas de seguros que quiso implementar la autoridad hacendaria desde el 2018 hubiera llevado a la insolvencia a la industria.
El SAT exigía el pago de ajustes por impuestos, actualizaciones y sanciones, y las aseguradoras acudieron –en primera instancia– ante el entonces Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa para impugnar ese cobro indebido, a su juicio. Mientras los magistrados analizaban el caso, AXA acudió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), en diciembre del 2024, para invocar el Tratado Bilateral de Inversiones México–Francia de 1998.
El sector asegurador ya había analizado los escenarios. El fisco podía exigirles hasta ocho años de pagos del IVA. El escenario de menor impacto era cinco años y también se estudió un escenario intermedio, de siete años. El cálculo de los actuarios comenzó a circular en el verano del 2023 y puntualmente identificaba y cuantificaba los efectos que sufriría el mercado asegurador mexicano si los magistrados emitían un fallo desfavorable a su causa.
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