Denise Maerker - Milenio
El 6 de septiembre de 2006, en la madrugada, un grupo criminal irrumpió en la discoteca Sol y Sombra, en Uruapan, y arrojó cinco cabezas humanas sobre la pista de baile. Ese día todos recibimos el mensaje de la magnitud del desafío que lanzaban estos grupos, así como de la violencia que estaban dispuestos a desplegar. También, a partir de ese día, nos empezamos a preguntar si el Estado tenía la voluntad y la capacidad de restablecer el orden.
Han pasado 19 años, y el sábado, en el mismo Uruapan, mataron al alcalde Carlos Manzo. 19 años en los que, en repetidas ocasiones, gobiernos de distinto signo ideológico han prometido restablecer la paz en Michoacán, fracasando siempre.
El 11 de diciembre de 2006, un recién electo Felipe Caderón anunció el Operativo Conjunto Michoacán, que consistió, primordialmente, en el envío de tropas al estado. Al anuncio le siguieron unos cuantos días de calma, no más. Los criminales y la sociedad expectante midieron la capacidad del gobierno. Lo que siguió fue una brutal escalada de violencia. Las incursiones de la Policía Federal eran resentidas por la población de Tierra Caliente como las de un ejército de ocupación. Todos se sentían criminalizados en la zona. En la carretera que une Tepalcatepec con la Ruana, Calderón mandó construir una enorme cárcel de alta seguridad. Grupos armados y no armados de la zona volvieron imposible la terminación de la obra. Los habitantes, así lo expresaban, se sentían humillados de que se invirtiera ese dineral en una cárcel y no se respondiera a ninguna de sus demandas.
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