Pedro Miguel - Periódico La Jornada
El rechazo definitivo a la pretensión de la organización calderonista México Libre de lograr el registro como partido político ilustra claramente la necesidad de reformar la legislación y las instituciones electorales del país, no porque el engendro del michoacano haya sido rechazado, sino porque se le permitió llegar tan lejos a un grupo sospechoso de tener vínculos con actividades delictivas.
Veamos: nadie, en el Instituto Nacional Electoral (INE) ni en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) –instancias que coincidieron en negarle a México Libre la posibilidad de ser partido– trajo a colación el hecho de que durante seis años la figura principal de esa cosa haya tenido en el cargo de secretario de Seguridad Pública a un individuo que enfrenta acusaciones por tráfico de drogas en Estados Unidos y que en México podría ser imputado con cargos de corrupción, más los que se acumulen. Vaya, ni siquiera repararon en que el propio Genaro García Luna ha sido señalado como organizador y patrocinador prominente de México Libre.
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