Apro
CIUDAD DE MÉXICO.– Creadas en la actual administración, anunciadas como concentradoras de funciones y amplias atribuciones, las Coordinaciones Estatales de Desarrollo —conocidas como “superdelegaciones”— están disminuidas, carecen de facultades y enfrentan ya escándalos de corrupción.
A un año de su designación, al menos 10 de los “superdelegados” tienen procesos abiertos por nepotismo, tráfico de influencias, ejercicio indebido del servicio público, un caso por posible complicidad en robo de alta cuantía y, entre otros delitos, uso político-electoral de los programas de Bienestar que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido reiteradamente a no permitir.
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