EL CÁRTEL DEL IVA

Autor: Miguel Badillo * / Contralínea

Al igual que como sucede con la impunidad para combatir el delito de lavado de dinero, el gobierno federal omite investigar y procesar otros delitos como la corrupción aduanal y la evasión fiscal.  La única explicación podría ser el pago de sobornos y chantajes a funcionarios y jueces para evitar que los delincuentes de cuello blanco vayan a la cárcel. Éste es sólo un ejemplo de impunidad y corrupción:

Ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Alberto Amkie Groswirt aparece como consejero propietario de Corporación Financiera de Arrendamiento, una sociedad financiera de objeto limitado. También, ante la Secretaría de Economía se le puede ubicar como beneficiario de una concesión minera. Sin embargo, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Amkie Groswirt tiene abierto un expediente negro que forma parte del grupo de empresas fantasmas que han sido identificadas por las autoridades fiscales del país por defraudar al Estado en operaciones de acreditación y devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al amparo de las disposiciones tributarias para impulsar el comercio exterior.

A través de las empresas Ke Lokura, SA de CV; Jou Jou, SA de CV; Terso Textil, SA de CV, y Mobile Export de México, SA de CV, Amkie Groswirt junto con su hermano, Jenny, armaron una supuesta red delictiva para simular ante la SHCP, el Servicio de Administración Tributaria, la Administración General de Aduanas y, por supuesto, ante la Secretaría de Economía, actividades de exportaciones de bienes con el propósito de acreditar impuestos y su posterior devolución, considerado uno de los trámites más complejos ante las autoridades tributarias del país por la cantidad de documentos que deben presentarse para demostrar que es lícita la relación con proveedores de insumos, los costos de operación de instalaciones fabriles y las facturas que acreditan las ventas de exportación y la generación de divisas para el país.

Pero, el proceso de confirmación para la devolución de impuestos de las autoridades hacendarias es vulnerable, como lo demostró Amkie Groswirt al simular toda una operación de comercio exterior en el papel. A la Secretaría de Hacienda le bastó revisar actas constitutivas, verificar los nombres y actividades de los supuestos accionistas, confirmar la suplantación de personalidad, y encontrar los contubernios en diferentes puertos aduaneros del país para encontrar el fraude al fisco.

A las cuatro empresas fundadas por Amkie Groswirt, con solicitudes de devoluciones en un esquema con coincidencias en proveedores, clientes, domicilios, accionistas, la SHCP les reintegró entre febrero de 2004 y julio de 2005, 109.5 millones de pesos en impuesto al valor agregado y se rechazó la solicitud para reembolsar 49.1 millones de pesos. Sin embargo, la negativa de la autoridad fiscal no se presentó para que se iniciara acción legal contra los Amkie Groswirt.

Hasta la fecha, sabemos que Hacienda no ha librado orden de aprehensión en contra de los supuestos exportadores defraudadores, a pesar de que en diciembre de 2004 se inició una auditoría a la empresa Ke Locura, ejercicio en el que se analizaron las devoluciones por 25.3 millones de pesos. En diciembre de 2006, la SHCP determinó improcedentes las devoluciones y en el expediente de estas compañías hay suficientes evidencias para tipificar graves delitos contra el fisco. 

La empresa Ke Locura, según documentos de Hacienda de los que esta columna posee copias, no contaba con los registros y documentación soporte de sus compras y ventas de exportación, confirmada con compulsas a clientes, proveedores, agentes aduanales y casas de cambio, mediante las que pagó a los clientes y pedimentos modulados por las aduanas.

Las autoridades fiscales comprobaron también que no contaba con factores productivos ni flujo de mercancías en territorio nacional ni en el extranjero. Además, los pedimentos de exportación fueron tramitados por las aduanas de Mexicali, Colombia y Nuevo Laredo.

También se comprobó que dicha compañía no tiene trabajadores, inventarios, instalaciones, activos ni transportes; tampoco paga fletes y la mercancía que supuestamente exportó nunca entró a Estados Unidos. Sus supuestos socios tienen muy bajo perfil económico, por lo que la SHCP considera que se trata de prestanombres, en un esquema que se repite con proveedores.

Lo que sí es claro para el gobierno mexicano es que de la cuenta bancaria son beneficiados dos socios fundadores que la autoridad identifica como los autores del fraude: Alberto Amkie Groswirt y Soni Kably Mizhrahi.

Las investigaciones, que tardaron varios años, llegaron a Estados Unidos, donde las autoridades aduaneras –Inmigration and Customs Enforcement– niegan que haya una introducción de mercancías de Ke Lokura, cuyo flujo de operación y mercancías es prácticamente inexistente.

A pesar de ello, sí se confirmó que fueron tramitados los pedimentos de exportación en las aduanas de Mexicali, Colombia y Nuevo Laredo. Los supuestos clientes de Ke Lokura, sin embargo, se ubicaban en Texas y Nueva York, Estados Unidos.

Así, la mercancía y supuestas exportaciones de Ke Lokura salían de manera indistinta por cualquiera de las tres aduanas y, en su mayoría, por Mexicali.

No sólo eso, las cuatro escrituras de las que se tiene conocimiento, en todos los casos ha sido protocolizada por diferentes notarios y en diversas entidades federativas del país con transmisión de acciones, lo que confirma la presunción del uso de prestanombres que operan empresas inexistentes con domicilios en donde sólo se ubican pequeños comercios sin capacidad de exportación. 

Ésta es sólo una de las muchas maquinaciones de fraudes que se cometen a diario en México, sin que alguna autoridad logre hacer justicia, en perjuicio del país y de las finanzas públicas.

 *Periodista